El Gobierno quiere agilizar los tiempos de respuesta de la Justicia liberando a los jueces de instrucción del trámite de las denuncias o atestados policiales sin autor conocido, que representa cerca de un millón (un 40%) de los 2,4 millones de archivos provisionales acordados en la jurisdicción penal.
De esta forma, el Ministerio de Justicia pretende reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que estos atestados, sobre los que hoy un juez tiene que abrir diligencias penales para, en la mayoría de los casos inmediatamente después archivarlas, no tengan que pasar ya por el juzgado. Para garantizar el control judicial esos atestados serán conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales, informaron fuentes del Ministerio de Justicia.
A la vez, y precisamente para evitar investigaciones autónomas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no se permitirá que las pesquisas para averiguar la autoría del delito duren más de 72 horas desde la apertura del atestado. Es decir, si transcurrido este tiempo no aparece ninguna pista, la Policía tendrá que cerrar el caso.
