STAJ informa. Nueva instrucción comisiones de servicio y sustituciones

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Este lunes 23 de febrero se ha dado por finalizada la negociación de la Instrucción que va a regular a partir de ahora la cobertura de puestos de trabajo mediante comisión de servicios y sustitución en Andalucía, de cuya negociación hemos venido informando las últimas semanas.

Aunque la nueva regulación mejora la actualmente vigente, y trata de poner “orden” en las comisiones de servicio “humanitarias” (al menos sobre el papel), desde STAJ no hemos dado nuestra aprobación al texto, porque la Consejería no ha aceptado algunas cuestiones que para nosotros eran irrenunciables, entre otras, las siguientes:

• No se va a permitir la cobertura mediante comisión o sustitución de los puestos de trabajo en casos de permisos de larga duración retribuidos, como es el caso de los puestos de liberados sindicales

• No se van a abonar las sustituciones a cuerpo superior con el cien por cien de las retribuciones. Sólo se abonarán los complementos del puesto, pero conservando el sueldo base del cuerpo de origen.

• No se elimina el requisito del informe previo del secretario, aunque se suaviza.

• No se regulan ni se abonan las sustituciones entre funcionarios del mismo cuerpo para vacaciones o ausencias de corta duración.

El texto aprobado puede resumirse en los siguientes puntos:

• Antes de proceder a llamamiento de interinos, los puestos vacantes podrán cubrirse provisionalmente por comisión de servicios y, subsidiariamente, por sustitución vertical (a puesto superior)

• Los puestos no vacantes cuyo titular esté en situación de ausencia de larga duración, se podrán cubrir con sustitución horizontal (con funcionarios del mismo cuerpo) y subsidiariamente por sustitución vertical. Por ausencia de larga duración se entienden: permisos sin retribución de más de dos meses y situaciones administrativas que conlleven reserva de puesto de trabajo.

• Los puestos de jefatura de IML y puestos singularizados (en NOJyF) se cubrirán en todo caso por comisión o sustitución, según proceda, hasta la cobertura definitiva por los procedimientos ordinarios. Para la adjudicación de estos puestos se atenderá, además de la antigüedad, a los méritos que estén recogidos en la correspondiente RPT.

• No se ofertarán para comisión ni sustitución las plazas afectadas por procedimientos de modificación de plantillas, modificaciones presupuestarias, amortización, redistribución, reordenación de efectivos o reasignación de los mismos.

• Para poder ser nombrado sustituto en cuerpo superior, hay que tener la titulación del cuerpo al que se sustituye, salvo que se esté en excedencia en la escala a extinguir de dicho cuerpo, en cuyo caso no se exigirá esa titulación. Tendrán preferencia para ser nombrados sustitutos a cuerpo superior los que estén destinados en el mismo centro de destino.

• Para la comisión de servicios y sustituciones horizontales hay que pertenecer al Cuerpo de funcionarios al que se adscribe la plaza.

• En las sustituciones verticales, sólo se abonarán los complementos del puesto que se ocupa efectivamente, no así la diferencia entre los sueldos base.

• Las convocatorias para cobertura de puestos por comisión de servicios o sustitución se publicarán en el Portal Adriano.

• Se exigirá haber permanecido un mínimo de seis meses de desempeño efectivo y continuado en el puesto de trabajo desde el que se participa en la convocatoria. Si se está ocupando con carácter provisional un puesto por menos tiempo, se permitirá también participar en la convocatoria si es por causa no imputable al funcionario.

• Es preceptivo el informe del secretario o persona responsable de la Unidad o centro de destino, Si no se emite el informe en plazo, se considera informe positivo. Si el informe es negativo, se dará audiencia al interesado.

• En caso de varias peticiones de comisiones de servicio o sustituciones horizontales, tendrá preferencia el de mejor escalafón.

• Los puestos que no se cubran por comisión, sustitución horizontal o subsidiariamente sustitución vertical, se cubrirán por personal interino, así como aquellos que dejan temporalmente desocupadas los adjudicatarios de las comisiones y sustituciones.

• Se puede renunciar a una comisión o sustitución, pero no se puede volver a participar en otra hasta transcurridos seis meses, si la renuncia se produjo una vez resuelta la adjudicación o antes de haber pasado seis meses desde la toma de posesión en el puesto adjudicado.

• El plazo máximo de permanencia en una comisión de servicios será de un año, prorrogable por otro. Próxima a finalizar una comisión o su prórroga, se podrá volver a ofertar y quien la ocupe podrá volver a solicitarla.

• El orden de cese cuando se cubran los puestos por el funcionario titular, en las comisiones o sustituciones horizontales, si hubiera varios, corresponderá por orden de quien lleve menos tiempo desempeñándola. Si concurren comisiones con sustituciones, permanecerá el que esté en comisión.

• Comisiones humanitarias. Procederán en los casos de: necesidad de traslado consecuencia de protección de menores que se desprenda de resolución judicial; funcionarias víctimas de violencia de género obligadas abandonar la localidad del puesto de trabajo; personal sometido a acoso laboral o social; personal que padezca enfermedad grave o discapacidad sobrevenida; personal cuyo cónyuge o familiar de primer grado padezca enfermedad grave o discapacidad y nivel de dependencia acreditado así como imposibilidad de que sea el familiar el que se traslade o no existan otros parientes que puedan atenderlo.

• En todos los casos de comisiones humanitarias se exigirá una estricta acreditación documental, y se estudiarán en una Comisión de movilidad que se constituirá en el seno de la mesa sectorial de Justicia, integrada por miembros de la Administración y los sindicatos.

• Por último, se regulan en la nueva instrucción los supuestos de adscripciones provisionales para funcionarios sin reserva de puesto, a quienes se les ofertarán las vacantes existentes en la provincia que soliciten. A los gestores que cesen como secretarios sustitutos se les ofertarán nuevamente los puestos que dejaron vacantes cuando fueron nombrados como tales. A los excedentes voluntarios o por prestación de servicios en el sector público se les ofertarán preferentemente las plazas que hayan quedado desiertas tras los procedimientos de comisión de servicios y sustitución, y previamente a la oferta a interinos.

STAJ informa. Resumen mesa técnica 17-12-2014

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Devolución parcial paga extra 2012.-

En enero o más bien en febrero se devolverá a los funcionarios de Justicia de Andalucía el 24,04 % de la paga extra de 2012. Seguramente se hará de oficio a los que devengaron la paga en Andalucía, si bien en cuanto a los que ya no prestan servicios aquí se informará debidamente de cómo se les hará el abono y sobre los pasos que deberán seguir para ello. En cuanto a quienes se les dedujo sólo una parte de la extra, se le hará la devolución proporcional a la cantidad que se les dedujo.

STAJ celebra que la Consejería cumpla con lo que consideramos es su obligación por venir establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. También le ha sido exigido así en el Parlamento tras las peticiones que STAJ ha realizado en este sentido a los Grupos políticos andaluces. No obstante, insistimos en que la Consejería debe proceder a la devolución íntegra de la paga, máxime cuando cada vez son más las sentencias que están declarando la ilegalidad de este concreto recorte.

También ha indicado la Consejería que se confirma que en 2012 cesará el recorte del 5% de las retribuciones totales en nuestras nóminas, aplicado en el Complemento específico

Nuevo IRPF.-

La Consejería nos indica que la modificación en la retención por IRPF derivada de la última modificación de este impuesto, será aplicable a partir de febrero, dado que Hacienda les ha facilitado el programa informático muy tarde y no es posible hacer los ajustes necesarios para la nómina de enero.

Jornada reducida de navidad.-

Durante los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, 2 y 5 de enero, la jornada será de 7 horas diarias, con la siguiente distribución: Horario fijo: 5 horas, a cumplir de 9:00 a 14:00. Horario flexible: entre las 7:30 y las 9:00, y entre las 14:00 y las 15:30. No hay jornada flexible en horario de tarde ningún día.

Calendario Laboral Justicia 2015.-

La Consejería nos ha pasado el borrador de calendario laboral para 2015, que será aprobado en breve, y que incluye un total de 1.588 horas y media efectivas de trabajo, por lo que la bolsa de horas para 2015 (diferencia entre las horas efectivas y la jornada legal anual, que es de 1.657) será de 68 y media. STAJ se ha opuesto a este cómputo pues para calcular las horas efectivas la Consejería resta las horas de reducción de jornada y las correspondientes a vacaciones y permisos retribuidos, las cuales, a nuestro juicio, deberían computarse también como de trabajo efectivo.

Además, hemos pedido la revisión de la Orden de jornada y horarios, pues a pesar de la ligera suavización de algunos puntos que se produjo tras las reuniones de mesa sectorial de noviembre y diciembre de 2013, sigue siendo una de las peores regulaciones de horario de toda la Administración de Justicia, extremadamente gravosa para los funcionarios y que hace muy difícil la conciliación de la vida familiar y laboral (jornada de 37 horas y media, interrupción de la jornada flexible entre las 15:30 y las 16:00, limitación de la jornada flexible por las tardes a sólo dos días y otro más justificado. STAJ tiene impugnada esta Orden ante los tribunales). La Consejería no parece estar por la labor de modificar la Orden, de momento, pero no se ha cerrado a la posibilidad de hacerlo a medio plazo. Seguiremos insistiendo y hemos exigido a la Dirección General que no espere a que la Justicia le obligue a hacerlo.

Negociación modificación instrucción Comisiones de servicio y sustituciones.-

La Consejería ha aceptado por fin negociar la Instrucción de comisiones de servicio y sustituciones. En los últimos dos años se han aprobado, con la oposición de STAJ, dos instrucciones tras una sentencia que declaró nula la instrucción que estaba vigente desde 2006, y que ha supuesto que el sistema de cobertura provisional de puestos de trabajo mediante sustitución sea casi testimonial.

Como aspectos más destacables, la Consejería ha manifestado su voluntad de incluir en el sistema de cobertura provisional por comisiones de servicio las plazas de liberados sindicales (reivindicación de STAJ desde que existe como sindicato), así como las vacantes en los puestos de Director de IML y los singularizados de la Nueva Oficina Judicial, hasta que sean cubiertos definitivamente por los sistemas de concurso que correspondan.

También ha mostrado su interés en mejorar la regulación de las denominadas “comisiones de servicio humanitarias”, dado que en la práctica se han convertido en un verdadero desastre y que, en algunos casos, se están vulnerando derechos de funcionarios en situaciones de auténtica necesidad.

Del mismo modo, la Consejería quiere regular las comisiones de servicio sin relevación de funciones (las denominadas “sustituciones horizontales”), que afectan fundamentalmente al cuerpo de Auxilio. Sobre esto, de entrada, ha advertido que no hay dinero para pagarlas.

Desde STAJ presentaremos nuestras propuestas, con las siguientes líneas fundamentales:

Oferta obligatoria de todas las vacantes, plazas de liberados sindicales, plazas cuyo titular esté disfrutando permisos de larga duración o en situación de excedencia o cualquier otra situación que comporte reserva de puesto de trabajo.

Posibilitar también el sistema de cobertura mediante sustitución.

Máxima publicidad a las convocatorias y máxima rapidez en la resolución y nombramiento de interinos para los puestos que dejan libre los adjudicatarios de la comisión o sustitución.

Eliminación de la obligación de haber permanecido previamente seis meses en el puesto de origen.

Eliminación del informe preceptivo del secretario o responsable del órgano.

Comisiones de servicio humanitarias: Debe buscarse una solución que salvaguarde el derecho de los funcionarios en situaciones de necesidad pero impidiendo “picarescas” y que este tipo de comisiones vulnere el derecho de funcionarios con mayor antigüedad para acceder a determinados puestos. Por ello, deben eliminarse de este sistema de cobertura los puestos que tengan unas retribuciones significativamente superiores, y establecerse un mecanismo de control riguroso que acredite la certeza de la situación de necesidad y conveniencia de la concesión de la comisión humanitaria para cubrir esa situación, que debe ser excepcional. Las situaciones que se acogerían a este tipo de comisiones deberían ser las derivadas de violencia de género, protección de menores, acoso laboral o social, situaciones extremas en materia de conciliación familiar, enfermedad grave o discapacidad elevada del funcionario o del cónyuge o familiar dentro del primer grado.

Comisiones de servicio sin relevación de funciones: afectan, fundamentalmente, a los Auxilios Judiciales. En este punto exigimos, en líneas generales: que sean retribuidas diariamente, sin perjuicio de que se puedan también compensar con días de descanso adicionales; participación voluntaria; limitación temporal de las sustituciones; establecimiento de turnos, conocidos por los Juzgados afectados y los funcionarios afectados; limitación y clarificación de las tareas a realizar en el puesto al que se sustituye; tratamiento específico de los supuestos especiales como son, por ejemplo, partidos con poco personal del cuerpo afectado.

Plantillas.- La Consejería ha informado que abandona su idea de amortización y reordenación de plazas, al haber sido obligada tras la aprobación de una proposición no de ley en el Parlamento (promovida tras las conversaciones mantenidas por STAJ con varios grupos parlamentarios). Las plazas que no se sacaron a concurso están siendo ofertadas en comisión de servicio y se ofertarán en el próximo concurso de traslado, también tras las peticiones realizadas por STAJ.

Catálogo enfermedades excluidas de descuento.- STAJ ha exigido la eliminación de estos descuentos o al menos la suavización del régimen equiparándolo al de jueces y fiscales, mucho más liviano.

Escalafones.- Hemos instado a la Consejería a que los escalafones completos sean accesibles para todo el personal a través de la Web del Empleado público o mediante cualquier otro sistema que garantice la privacidad de cara a personas ajenas a los cuerpos de funcionarios incluidos en el escalafón, tal como ha hecho el Ministerio de Justicia para su ámbito.

Interinos.- Este año el presupuesto para interinos es cerrado e independiente, por lo que la Consejería afirma que tienen que seguir siendo “muy austeros” en los nombramientos. En cuanto a la publicación de la nueva Orden, La Consejería nos dice que los diversos informes preceptivos están demorándose y por ello la publicación no será antes de finales de enero, y la convocatoria en marzo.

Plan de formación IAAP 2015.- El IAAP nos ha facilitado el borrador del plan de 2015, que tenemos a vuestra disposición en nuestros locales. STAJ, 17-12-2014

STAJ informa: Constitución grupo de trabajo reforma LOPJ.

Tal como se comprometió el Ministerio de Justicia hace unas semanas en la reunión mantenida con los sindicatos con representación nacional en Justicia STAJ, CSIF, UGT y CCOO y los autonómicos ELA y CIG, el pasado viernes día 5 de diciembre se constituyó el grupo de trabajo para la reforma de la LOPJ.

El Ministerio ha reiterado, por enésima vez -por si alguien aún no se ha enterado-, que se mantendrán todas las garantías recogidas en el preacuerdo suscrito en Julio con STAJ, CSIF y UGT. Por ello, y entre otras garantías, ni desaparecerán los partidos judiciales, ni los centros de destino serán provinciales, ni habrá movilidad geográfica ordinaria forzosa, se mantendrán los Juzgados de Paz reforzando sus funciones, se potenciará la promoción interna al desvincularla de las Ofertas Públicas de Empleo, se establecerá la obligatoriedad de elaboración de escalafón anual, etc.

También ha informado el Ministerio de algunas de las modificaciones previstas en los Libros I a IV de la LOPJ, (modificación de la nulidad de actuaciones, introducción en la LOPJ de los principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos, creación de jueces especializados en materia tributaria, entre otras). También pretenden incluir la reforma del sistema de reparto de asuntos, aún no definido totalmente, pero que seguramente irá en la línea de una especie de “colaboración” de órganos no saturados a los que estén sobrecargados. En este sentido, STAJ ha exigido que la carga de trabajo no se mida sólo en atención al trabajo del juez (módulos del CGPJ) sino al de toda la oficina, lo cual es compartido por el Ministerio y están buscando las fórmulas para identificar cuál es la carga de trabajo “idónea” para la oficina.

STAJ ha exigido que se nos haga entrega del texto del nuevo Proyecto de reforma de ley orgánica antes de su aprobación por el Consejo de Ministros, si bien la negociación no se agota con esa aprobación, porque el compromiso del Ministerio es continuar negociando incluso durante la tramitación parlamentaria, de manera que los acuerdos a los que podamos llegar en ese periodo serán trasladados al texto definitivo mediante enmiendas que presentaría el Grupo parlamentario popular.

Por ello, STAJ no renuncia a seguir proponiendo mejoras en nuestras condiciones de trabajo y la recuperación de todos los derechos perdidos, exigiendo un tratamiento específico de los funcionarios de Justicia, diferenciado del resto de empleados públicos, dada la especificidad de la Administración para la que trabajamos.

Otras cuestiones.-

Modificación LECRIM.- STAJ ha advertido que no consentirá que la limitación en los plazos de la instrucción suponga un empeoramiento de las condiciones de trabajo de los funcionarios, asegurando el Ministerio que no les afecta y que en todo caso esos plazos serán prorrogables.

Oferta Empleo Público.- STAJ ha vuelto a exigir la convocatoria del máximo número de plazas. El Ministerio intentará que así sea y en los próximos días nos enviará el desglose por cuerpos.

Devolución parcial Paga extra 2012.- El Ministerio, a preguntas de STAJ, entiende que la devolución es obligatoria incluso para el personal de Justicia transferido, por tratarse de normativa básica.

Postulación funcionarios y costas.- STAJ ha recordado al Ministerio el compromiso adquirido en su día en relación con eliminar la obligación de postulación de los funcionarios cuando actúen en defensa de sus derechos estatutarios. El Ministerio dice que eso está en trámite parlamentario, mediante una disposición adicional en la nueva Ley de Justicia Gratuita. También hemos exigido la eliminación del criterio del vencimiento en la condena en costas en los recursos contencioso-administrativos.

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MESA SECTORIAL: El Ministro de Justicia reitera el cumplimiento del preacuerdo suscrito en julio con STAJ

Este martes 4 de noviembre se ha celebrado la primera mesa sectorial en el Ministerio de Justicia, tras la toma de posesión del nuevo Ministro a la que además de STAJ han sido convocados el resto de sindicatos representativos de Justicia (UGT, CSIF, CCOO y los autonómicos ELA y CIG), y que ha sido presidida por el propio ministro, acompañado de otros altos cargos del Ministerio

LOPJ.- El ministro ha confirmado lo que adelantábamos la semana pasada tras la reunión bilateral mantenida con STAJ, en el sentido de que no hay tiempo material para acometer una reforma de la LOPJ en su integridad, dada la envergadura del proyecto y lo avanzado de la legislatura y por haberse producido un profundo cambio en el texto del Anteproyecto original, motivado, entre otras cosas, por el preacuerdo suscrito en julio por STAJ, CSIF y UGT con el Ministerio, manteniéndose los partidos judiciales y los juzgados de paz. En definitiva, el Ministerio aparca la reforma de la organización judicial en lo referente a la creación de los tribunales de instancia, si bien sí se va a estudiar una modificación del sistema de reparto de asuntos para hacerlo más equitativo.

No obstante, el Ministro mantiene el compromiso de cumplimiento del preacuerdo y para ello la reforma parcial de la LOPJ incorporará el resto de mejoras en nuestro estatuto jurídico, tales como la mejora del sistema de promoción interna, (incluyendo la promoción de los T.E.L. del INT y CF), desvinculada de la OPE, la potenciación de funciones de los juzgados de paz (solución extraprocesal, mediación, algunas competencias en materia de Registro Civil), la elaboración de escalafón oficial, potenciación de funciones, garantía de mantenimiento de centros de destino vinculados al municipio manteniendo la prohibición de movilidad geográfica ordinaria forzosa, compromiso de desarrollo reglamentario (entre otras cuestiones para mejorar el sistema de sustituciones y comisiones de servicio) y, en general, todas aquellas cuestiones que, junto con el mantenimiento de los partidos judiciales y los juzgados de paz, constituyen los puntos del preacuerdo.

Para trasladar tranquilidad a los compañeros de los Juzgados de Paz, queremos recalcar que el Ministro ha reconocido el contenido del preacuerdo expresamente en este sentido, manifestando que “deben prestar servicio de cercanía, con funciones suficientes, que sirvan de apoyo al registro civil y como servicio de presentación física de documentos”.

REGISTRO CIVIL.- Menos esperanzadora ha sido la intervención del Ministro respecto del Registro Civil, pues mantiene su apuesta de otorgar su gestión a los Registradores mercantiles, a lo que STAJ, una vez más, nos hemos opuesto interesando su mantenimiento como servicio público propio de la Administración de Justicia servido enteramente por funcionarios de Justicia. Sí ha reiterado su compromiso de mantenimiento de los puestos de trabajo, si bien sólo se ha "mojado" en lo relativo a territorio ministerio, por lo que nos tememos que en esta cuestión no habrá ningún consenso pues STAJ exige el mantenimiento de todos los puestos de trabajo en todos los ámbitos (eso sí, al menos los de Juzgados de Paz está garantizado su mantenimiento gracias al preacuerdo)

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.- Tampoco han sido muy alentadoras las palabras del ministro en esta materia, pues se ha limitado a comunicar lo que ya sabíamos y es que la oferta incluirá únicamente la tasa de reposición del 50%, a todas luces insuficiente. No obstante se ha mostrado dispuesto a hablar de las necesidades de convocatoria de oposiciones para reducir la alta tasa de interinidad en Justicia, recordándole STAJ, además, que una OPE suficiente, que incluya todas las plazas desiertas existentes, es necesaria y más ahora pues la dotación de medios personales es imprescindible para luchar contra los cada vez más y más escandalosos casos de corrupción y para aliviar la tremenda sobrecarga de trabajo que sufren los juzgados y tribunales, que está lejos ya de ser meramente estructural.

En materia de OPE el Ministro y su equipo se han mostrado abiertos a discutir la reapertura de procesos de concurso-oposición que permitan un justo equilibrio entre el derecho a la libre concurrencia a las oposiciones con el reconocimiento de la experiencia adquirida en la Administración de Justicia, tal como venimos demandando desde STAJ.

NUEVA OFICINA JUDICIAL.- El Ministro apuesta también por el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial y en este sentido se ha mostrado dispuesto a estudiar la mejor manera de modernizar la organización del trabajo, apostando por las nuevas tecnologías, lo cual aplaudimos desde STAJ porque llevamos cuatro años pidiendo solucionar los gravísimos problemas y disfunciones que han provocado que la implantación de la NOJ haya supuesto, en muchos casos, una excesiva burocratización de la Administración de Justicia que la está ralentizando aún más. Por ello hemos instado al Ministra a que convierta en plantilla los puestos de refuerzo actuales, pues se han mostrado indispensables, así como la plena y correcta implantación del expediente digital, sin errores. A pesar de ello, el Ministerio ha trasladado su intención de continuar la implantación de la NOJ en algunas ciudades proyectadas, así como en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

LEY DE TASAS.- El Ministro ha reiterado su compromiso de estudiar y revisar la Ley de Tasas, con el objeto de comprobar en qué medida está suponiendo un entorpecimiento del acceso a la Justicia a los ciudadanos. Desde STAJ le hemos recordado que la ley supone precisamente eso para los ciudadanos, y muy particularmente para los funcionarios cuando actuamos en defensa de nuestros derechos como trabajadores.

RECUPERACION DE DERECHOS.- El Ministro ha apuntado tímidamente la posibilidad de iniciar pasos en la recuperación de derechos recortados o suprimidos en los últimos años. En este sentido, y por lo que respecta a las retribuciones, ha recordado que se va a proceder a la devolución de una parte de la paga extra, y ha insinuado que en la Administración de Justicia podría intentarse establecer mecanismos adecuados de abono de complemento de productividad como vía de recuperación salarial, algo que desde STAJ venimos manifestando desde hace tiempo para evitar que la productividad la perciban sólo unos cuantos a pesar de que el trabajo lo realizamos todos los integrantes de la oficina. También hemos recordado la necesidad de recuperar otros derechos, como los permisos, o la necesidad de derogar el régimen de descuentos por IT, o al menos suavizarlo para homogeneizarlo con el de jueces y fiscales, mucho menos gravoso que el nuestro a pesar de trabajar en el mismo sitio.

Constitución mesas de trabajo.-

Para abordar estas cuestiones se van a constituir diferentes mesas de trabajo, relativas a la reforma parcial de la LOPJ, estudio del desarrollo de la NOJ, Empleo público en la Administración de Justicia, y Registro Civil. Desde STAJ esperamos que las muestras de diálogo mostradas por el ministro en estas reuniones puedan dar sus frutos para lograr la recuperación de derechos, la mejora y modernización de la Administración de Justicia, y la mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios judiciales, sin pérdida de empleo en la Administración de Justicia. Una demostración de ese buen talante sería empezar ya con la recuperación de alguno de los derechos perdidos.

La reunión, en definitiva, ha sido un primer avance pero ni mucho menos ha terminado la lucha de mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia y recuperación de derechos. Desde STAJ estamos dispuestos al dialogo dentro de un marco de entendimiento pero que redunde en mejoras para el funcionario y desde luego no vamos a aceptar pérdida de empleo en justicia por la vía de la desjudicialización del Registro Civil.

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Mesa sectorial Andalucía. Reunión con el Consejero Emilio de Llera

Este martes 28 de octubre se ha celebrado reunión de la mesa sectorial de Justicia, de carácter informativo, a la que ha asistido el Consejero Emilio de Llera para informar personalmente a las organizaciones sindicales de la implantación de la Nueva Oficina Judicial en El Ejido y Vélez Málaga y la Oficina Fiscal de la Fiscalía de Sevilla. Desde STAJ celebramos que haya asistido a esta reunión ya que así lo habíamos demandado en el mes de junio cuando quedó bloqueada la negociación de la implantación de la NOJyF. Junto al Consejero, también han estado en la reunión la Viceconsejera, la Secretaria General para la Justicia y la Directora General de Oficina Judicial y Fiscal.

El Consejero ha mostrado a los sindicatos su voluntad de diálogo, lo que sin duda responde a la presión ejercida como consecuencia de los recursos que STAJ, en solitario, tiene interpuestos contra el Decreto de Nueva Oficina Judicial por haberse aprobado sin negociación.

La Consejería apuesta firmemente por la implantación del nuevo modelo organizativo como parte de la solución a los importantes problemas que padece la Administración de Justicia en Andalucía que, como en el resto de España, sigue anclada en un sistema de organización del trabajo decimonónico y que necesita de una urgente modernización para prestar un servicio de calidad. En este sentido, STAJ ha puesto de manifiesto la necesidad de contar previamente no sólo con infraestructuras adecuadas, -que en el caso de El Ejido y Velez-Málaga ya existen-, sino muy especialmente con el expediente digital, pues sólo con éste y con una tramitación procesal enteramente electrónica la Nueva Oficina Judicial podrá servir para algo y no traducirse en una mayor burocratización de la Administración de Justicia que la ralentizaría todavía más que ahora.

Como muestra de la voluntad de diálogo, la Consejería ha presentado una propuesta de acuerdo o catálogo de mínimos o principios que habrán de inspirar la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal en Andalucía, respondiendo así a la solicitud que desde STAJ venimos interesando de la Consejería desde que se iniciaron los proyectos de regulación de esa implantación, y a la presión ejercida como consecuencia de los recursos que STAJ, en solitario, tiene interpuestos contra el Decreto de Nueva Oficina Judicial por ausencia de negociación.

El documento recoge como principios fundamentales la garantía de mantenimiento de plantillas, la garantía de mantenimiento de retribuciones, y la garantía de respeto a la voluntariedad en los procesos de acoplamiento. Aunque aún tenemos que hacer un estudio detenido del documento, vemos que faltan cuestiones muy importantes como un compromiso de estudio de incremento de plantillas de cara al futuro, criterios para la asignación de puestos de trabajo, tipología de estos o división de los servicios comunes, entre otras cuestiones. Prácticamente STAJ fue el único sindicato que en la reunión ha puesto verdaderas objeciones al texto, y también algo CCOO y UGT.

En definitiva, aunque nos parece un importante avance en la línea de la negociación y la garantía de los derechos de los funcionarios que tanto estamos demandando, aún vemos que faltan muchas cosas para que ese catalogo de garantías se parezca mínimamente al Acuerdo que suscribió STAJ junto con CCOO y UGT con el Ministerio de Justicia en el año 2010 para la implantación de la NOJ en su ámbito, y que hoy todas las demás organizaciones sindicales -incluidas las que en aquel momento tanto lo criticaron- utilizan como paradigma de Acuerdo hasta el punto de copiarlo casi literalmente.

STAJ se reúne con el nuevo Ministro de Justicia.

Rafael Catalá confirma a STAJ el mantenimiento de los partidos judiciales, los juzgados de paz y los puestos de trabajo, garantizados en el preacuerdo suscrito en julio pasado.

STAJ ha mantenido este lunes reunión con el nuevo Ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la que hemos intercambiado nuestras posiciones en relación con la situación actual de los funcionarios y la Administración de Justicia, informándonos de las reformas que tiene previstas el Ministerio.

Mantenimiento de los partidos judiciales, juzgados de paz y centros de destino.

En este sentido, el Ministro nos confirma lo que ya anunciábamos hace unas semanas ante la dimisión de Gallardón, pues dado lo avanzado de la legislatura no hay tiempo material para tramitar el proyecto de nueva LOPJ, el cual en todo caso hubiera sufrido numerosos cambios con respecto al anteproyecto original, entre otras muchas cosas en todos los puntos recogidos en el preacuerdo suscrito en julio entre el Ministerio y STAJ, CSIF y UGT. De este modo, sin renunciar a una reforma parcial de la LOPJ, que mejorará el sistema de reparto de asuntos actual para hacerlo más equitativo, sí nos garantiza el mantenimiento de los partidos judiciales, los juzgados de paz, y todos los centros de destino previstos en la LOPJ vigente, manteniéndose igualmente el carácter municipal y no provincial de los mismos que preveía el anteproyecto.

En definitiva, se cumple lo que venimos diciendo desde el mes de julio, pues con la firma del preacuerdo se garantiza la existencia de los partidos judiciales, de los juzgados de paz, de los puestos de trabajo o la prohibición de la movilidad geográfica ordinaria forzosa.

Desarrollo Nueva Oficina Judicial.

El Ministro apuesta por avanzar en el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial y en este sentido le hemos advertido que es imprescindible implantar previamente el expediente digital, como único modo de que el nuevo diseño organizativo no suponga una mayor burocratización de la Administración de Justicia que, lejos de agilizarla, la ralentice aún más, como así está ocurriendo en la práctica en las ciudades que ya tienen implantada la Nueva Oficina Judicial. STAJ, no obstante, ha recordado los problemas con la digitalización de la Audiencia Nacional y hemos exigido una digitalización correcta y sin errores.

Reforma proceso penal.

Tampoco habrá tiempo ya para una reforma en profundidad del proceso penal en el sentido de trasladar la instrucción al Fiscal. En cambio, sí habrá una reforma parcial de la LECRIM que buscará la agilización de trámites para hacer más rápidos los procesos peales.

Ley de tasas.

Sí nos ha informado el Ministro de su intención de revisar la Ley de tasas, y en este sentido desde STAJ le hemos instado a que, al menos, deben eliminarse todas las tasas que suponen un entorpecimiento del acceso a la Justicia ciudadanos  y de forma especial hemos insistido en la eliminación de las tasas en los procedimientos contenciosos de los funcionarios en defensa de sus derechos estatutarios.

Desjudicialización Registro Civil.

Por lo que respecta a la desjudicialización del Registro Civil, el Ministerio no va a modificar la ley ya aprobada, por lo que sigue su curso la entrega a los Registradores mercantiles, si bien buscando nuevas fórmulas para la mejor prestación del servicio por parte de estos, garantizando en todo caso la gratuidad. Desde STAJ hemos insistido en que el Registro Civil debería seguir siendo un servicio dentro de la Administración de Justicia y que, en todo caso, deben garantizarse todos los puestos de trabajo en todos los territorios, habiéndonos manifestado el Ministro que se está trabajando en esa línea y que la intención es que todos los funcionarios afectados, titulares e interinos, permanezcan prestado servicios en las mismas localidades actuales. En cuanto a la situación en que quedarán los Juzgados de Paz tras la desjudicialización, por perder buena parte de sus funciones actuales, el Ministro confirma lo recogido en el preacuerdo en cuanto a la asunción de nuevas funciones por parte de esos juzgados en materia de mediación y colaboración general con la Administración de Justicia, así como algunas competencias en materia de Registro Civil.

Otras reivindicaciones de STAJ.

STAJ ha recordado otras muchas reivindicaciones como la necesidad de publicar una importante Oferta Pública de Empleo en Justicia este año por las plazas vacantes existentes así como en años sucesivos, dado el alarmante grado de interinidad actual del personal y la falta de cobertura de muchos puestos de trabajo, petición que cuenta con el apoyo expreso de la Defensora del Pueblo tras las quejas formuladas por STAJ. El Ministro se ha comprometido a buscar fórmulas que permitan avanzar y ampliar la Oferta Pública de Empleo en Justicia, dentro de la política general del gobierno en esta materia.

Hemos exigido la potenciación de la promoción interna, y la modificación del régimen disciplinario, la mejora del sistema de productividad previsto en la ley para que no solo se beneficien unos pocos del trabajo de todos. Y recuperación de los derechos perdidos, especialmente en materia de permisos, supresión o al menos suavización del régimen de descuentos por IT al modo en que lo tiene jueces y fiscales, y algunos territorios, y  la recuperación salarial, incluida la totalidad de la paga extra de 2012. Hemos recordado que los funcionarios de Justicia estamos realizando un sobreesfuerzo especial dado que como consecuencia de la crisis y la falta de cobertura de muchos puestos, nuestro trabajo se ha multiplicado. También hemos insistido en la necesidad de solucionar el problema de las cotizaciones de Seguridad social antiguas, que STAJ lleva trabajando desde hace meses.

De todo se ha mostrado dispuesto a hablar el Ministro, coincidiendo con nosotros en la necesidad de abordar todas estas cuestiones y el resto de condiciones laborales en la mesa sectorial de justicia, potenciándola y dotándola de la máxima autonomía posible. A tal fin, ya nos ha adelantado que se convocará reunión de mesa sectorial para el próximo 4 de noviembre donde fijaremos un calendario de negociación. Esperemos que las buenas intenciones mostradas por el Ministro se traduzcan en la recuperación de los derechos perdidos y en la mejora de nuestras condiciones de trabajo.

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CCOO toma a los funcionarios por tontos

Definitivamente debe ser así. Es imposible explicar de otro modo la incansable sucesión de mentiras que llenan sus interminables panfletos propagandísticos.

Llevan cuatro meses interpretando a la perfección el papel de “asustaviejas”, repitiendo falsedades acerca de la desaparición de los partidos judiciales, de los juzgados de paz, de los puestos de trabajo, tratando de explicar lo inexplicable escribiendo párrafos interminables llenos de giros inverosímiles para, simplemente, manipular de forma burda e impresentable la opinión de los funcionarios. Incluso haciendo pseudo-asambleas en las que la demagogia es la estrella del argumento. Patético.

Lo último es sencillamente de risa, porque para CCOO, más o menos, gracias a su minireunión con el Ministro de Justicia de este jueves día 23 de octubre (enmarcada dentro de las reuniones de cortesía e informativas que el nuevo Ministro está manteniendo con todos los sindicatos –incluido STAJ- y con el resto de colectivos relacionados con la Justicia), se ha conseguido mantener los partidos judiciales, los Juzgados de Paz, los puestos de trabajo, etc., etc.

Pues no es cierto. Si se mantiene todo eso no es gracias a la actitud irresponsable, politizada, demagógica y electoralista de poca monta de CCOO. Muy al contrario, si se ha tumbado todo lo que de muy peligroso tenía la reforma de nuestro estatuto jurídico que se recogía en el Anteproyecto de LOPJ, ha sido gracias, entre otras cosas, al preacuerdo suscrito con el Ministerio por STAJ, UGT y CSIF, en el que, expresamente, y entre otras muchas cosas, se garantiza el mantenimiento de los partidos judiciales, el mantenimiento de los juzgados de paz, el mantenimiento de los centros de destino, el mantenimiento de los centros de destino municipales y no provinciales, la prohibición de movilidad geográfica forzosa ordinaria (la extraordinaria, aunque casi inexistente, la pactó CCOO en el EBEP), la potenciación de la promoción interna, el compromiso de desarrollo reglamentario para mejorar la regulación de cuestiones como las sustituciones y comisiones de servicio, y otras muchas cosas recogidas en el preacuerdo que CCOO se empeña en ignorar tozuda y demagógicamente.

CCOO debería dejar de tomar a los funcionarios por lelos, dejar ya de mentir y hacer demagogia de una vez por todas y dedicarse, por ejemplo, a poner más cuidado y controlar un poco más a las personas a las que confía los cargos de responsabilidad y las relaciones con la banca, con el poder y con los poderosos, ya que a esas seguro que no va a renunciar.

Carta de STAJ al nuevo Ministro

STAJ ya se ha dirigido al Ministro de Justicia mediante escrito presentado el pasado día 1 de octubre, solicitando reunión urgente para trasladarle de primera mano todos los problemas de la Administración de Justicia, y, entre otras cuestiones, la retirada de la privatización y desjudicialización del Registro Civil con la exigencia del mantenimiento de todos los puestos de trabajo afectados. Del mismo modo, le exigiremos el respeto a las garantías recogidas en el Preacuerdo suscrito con el Ministerio en el mes de julio, siendo Ministro Gallardón, para el caso de que el nuevo Ministro continúe con el proyecto de la a nuestro juicio innecesaria nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.

CARTA ENVIADA AL MINISTRO

El nuevo Ministro de Justicia toma posesión de su cargo

Dice en su discurso que revisará la ley de tasas judiciales y apuesta por un sistema de Registro Civil eficaz y ágil

Prensa: El nuevo ministro de justicia revisará la Ley de tasas judiciales.

El nuevo ministro de Justicia Rafael Catalá ha fijado el “análisis” y la “mejora” en la aplicación de las nuevas tasas judiciales, la revisión del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la reforma del Registro Civil entre sus prioridades al frente del Ministerio. Catalá ha recibido este lunes la cartera de Justicia de manos de su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Palacio de Parcent. Esta mañana ha jurado el cargo en el Palacio de la Zarzuela y, acto seguido, ha participado en el Consejo de Ministros que ha aprobado recurrir la consulta soberanista de Cataluña ante el Tribunal Constitucional.

“Os convoco a alcanzar un gran acuerdo que permita el desarrollo equilibrado de las reformas pendientes”, ha trasladado Catalá a todos los operadores jurídicos, para pedirles su colaboración a cambio de ofrecerles “diálogo, lealtad y voluntad de consenso”.

PRIORIDADES COMO MINISTRO

Catalá, que ha regresado a la que fue su “casa” entre 2002 y 2004 como 'número dos' de José María Michavila, ha fijado sus prioridades para este año de legislatura: la revisión del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la “mejora” de los sistemas de justicia gratuita, el “análisis y la mejora” en la aplicación de la ley de tasas, la “mejor versión” final de la Ley de Servicios Profesionales y la implantación de un sistema eficaz y ágil de Registro Civil.

Además, ha prometido aumentar las plazas de jueces y fiscales para dar solución a la situación de jóvenes que salen de la Escuela Judicial y no tienen destino. Aunque no ha citado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que revoluciona el mapa judicial, sí ha mostrado su compromiso para trabajar a favor de una justicia electrónica.

Catalá ha agradecido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la compleja pero gratificante tarea que le ha encomendado para dirigir un “Ministerio de Estado”, asociado a la mejora de la Administración de Justicia, algo que constituye un pilar del Estado. En este sentido, ha recordado que el Estado social y democrático de derecho tiene entre sus fundamentos el imperio de la Ley, cuyo amparo queda garantizada con la “inalienable libertad y la obligada igualdad de todos los ciudadanos”.

Lee la noticia completa en:

http://cincodias.com/cincodias/2014/09/29/economia/1411999036_733294.html

Recordemos que STAJ ha combatido fuertemente la Ley de Tasas, pues impide el acceso igualitario a la justicia de aquellos que menos recursos tienen, habiendo impulsado junto a plataformas profesionales y ciudadanas el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la misma por diversos grupos parlamentarios, además de haber forzado una modificación que suavizó, aunque de forma insuficiente, las previsiones de esa Ley.

En cuanto al Registro Civil, ya ha sido admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la privatización del Registro Civil, que también ha sido impulsado por STAJ y que ha sido interpuesto por varios grupos políticos del Congreso de los Diputados. Si la idea del nuevo Ministro confirma la privatización, STAJ continuará con las movilizaciones y todas las acciones que está realizando contra la misma, sin descartar la convocatoria de huelga.

Entre las reformas proyectadas por el anterior Ministro, la que más directamente afecta al estatuto jurídico de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia es la de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta ley no parece estar entre las prioridades del nuevo Ministro, de lo cual no podemos sino alegrarnos, pues como llevamos años diciendo desde STAJ, la solución a los problemas de la Justicia en España no pasa por reformar una y otra vez la ley, sino en invertir más y mejor en medios humanos y materiales, incrementando el número de jueces y de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia y llevando a cabo una auténtica modernización tecnológica de la tramitación procesal.

En 2003 ya se reformó la LOPJ para introducir un nuevo modelo de organización de las oficinas judiciales, que aún está en fase muy inicial de implantación, y que si está fallando en algunas ciudades es precisamente por la falta de inversión. Gallardón ha intentado dar un paso más allá, y no se ha contentado con esa reforma de la oficina judicial, sino que también ha pretendido una modificación sustancial de la organización judicial, mediante la creación de tribunales de instancia. Pero de inversión en medios humanos y materiales, no ha habido nada nuevo en la etapa de Gallardón.

Sea como sea, y gracias a las presiones realizadas desde diversos sectores (judicatura, municipios) y muy especialmente por STAJ y las organizaciones firmantes del preacuerdo suscrito en el mes de julio, si el nuevo Ministro pretende continuar con la reforma de la LOPJ, se va a encontrar un proyecto que no se parecerá en nada al inicialmente propuesto por el anterior Ministro, pues aunque contemple la existencia de los tribunales de instancia, no desaparecerán los partidos judiciales, ni las oficinas judiciales de paz –aunque sí sus jueces-, y, en cuanto al estatuto jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia, los centros de destino serán municipales y no provinciales, manteniéndose los centros actualmente previstos en la Ley, prohibiéndose la movilidad geográfica ordinaria forzosa, o potenciándose la promoción interna, entre otras cosas que se mejoran, además del compromiso de un desarrollo reglamentario para mejorar cuestiones como las sustituciones o las comisiones de servicio. Por cierto, a ese sindicato que no para de mentir en sus panfletos le decimos que STAJ jamás avaló el anteproyecto de LOPJ. STAJ lo que ha hecho es luchar para que el texto originario del Anteproyecto se modifique para salvaguardar los derechos de los funcionarios de justicia y sus puestos de trabajo, y lo ha logrado, precisamente con la firma del preacuerdo.

STAJ ya ha solicitado al Ministro una reunión urgente donde abordar todas estas cuestiones. Esperemos que esa mano tendida que ha mostrado en su toma de posesión, llegue a los trabajadores que constituimos más del 80 por ciento de quienes trabajamos al servicio de la Administración de Justicia.

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Gallardón presenta su dimisión y deja la política.

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En la tarde de este martes día 23 de septiembre Alberto Ruiz Gallardón ha anunciado en rueda de prensa su dimisión como Ministro de Justicia, motivada por no haber contado con el apoyo del Gobierno en la aprobación de su controvertido proyecto de ley del aborto. Al frente del Ministerio le sustituirá Rafael Catalá Polo, hasta ahora Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento. El nuevo Ministro ya tuvo responsabilidades en el Ministerio de Justicia, pues fue Secretario de Estado de Justicia con el Ministro Michavilla, entre 2002 y 2004, periodo en el que se produjo la reforma de la LOPJ que modificó nuestro estatuto jurídico e introdujo la denominada “nueva oficina judicial”.

Desde STAJ no podemos decir que nos apene la renuncia de Gallardón, pues no han sido pocas las veces que hemos pedido su dimisión. Le deseamos lo mejor en su vida personal, pero desde luego al frente del Ministerio no ha hecho sino tomar decisiones polémicas una tras otra y muchas de ellas, a nuestro juicio, gravemente perjudiciales para el servicio público de la Administración de Justicia.

Es el caso, por ejemplo, de la modificación del CGPJ, que introduce cualquier cosa menos independencia en el órgano de gobierno del Poder Judicial. O el caso de la Ley de Tasas, que impide el acceso igualitario a la justicia de aquellos que menos recursos tienen, y que STAJ ha combatido fuertemente, habiendo impulsado junto a plataformas profesionales y ciudadanas el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo socialista en el Congreso, además de haber forzado una modificación que suavizó, aunque de forma insuficiente, las previsiones de la Ley.

También perjudica al servicio público la reciente “privatización” del Registro Civil, medida que ya está aprobada no sólo por el propio Ministro, sino también por el Gobierno y el Parlamento, por lo que no puede decirse que sea algo exclusivo de Gallardón sino, más bien, de todo el partido popular. Por otra parte, y en honor a la verdad, hay que decir que Gallardón sólo es responsable de la “privatización”, pero no de la desjudicialización, pues ésta fue promulgada en una ley aprobada por el PSOE cuando en el 2011 estaba en el Gobierno -y contra la que, por cierto, nada hizo algún sindicato que ahora tanto protesta-, desjudicialización que preveía ya de forma indirecta la desaparición de los cientos de puestos de trabajo vinculados al Registro Civil. Ahora, al menos, el Ministro se había comprometido a mantener esos puestos en su ámbito, y las presiones de STAJ iban por buen camino en el sentido de garantizarse también los puestos en las Comunidades Autónomas con competencias. Y si no se logra esa garantía, STAJ apuesta por la huelga y en este sentido está consultando a todos los funcionarios afectados.

Hay otros proyectos de Gallardón que quedan en el aire, y que son más o menos polémicos. La reforma del Código Penal está en trámite parlamentario, pero la nueva Ley de enjuiciamiento criminal difícilmente verá la luz, ni siquiera ha sido aprobada aún por el gobierno. También están en trámite parlamentario la Ley del Estatuto de la víctima, la nueva Ley de jurisdicción voluntaria, y la nueva Ley de justicia gratuita. Estas dos últimas tampoco están exentas de polémica, la primera por lo que tiene de cierta privatización de algunos asuntos de jurisdicción voluntaria, y la segunda porque no gusta nada a los abogados. En cualquier caso, son leyes que ya no están en el Ministerio, sino en el Parlamento.

Sin duda, junto con la desjudicialización del Registro Civil, la reforma que más nos afectará a los funcionarios de justicia es la de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el caso de que siga adelante su tramitación. El Anteproyecto de esta Ley habría supuesto, de aprobarse sin modificaciones, el mayor retroceso de derechos que hubiéramos tenido nunca los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, además de suponer una profunda transformación de la organización judicial en España. Ese anteproyecto no sólo ha contado con el rechazo de los funcionarios y especialmente de STAJ, sino también de prácticamente todos los colectivos vinculados a la justicia, desde jueces a abogados, sin olvidar a representantes de otros sectores de la Administración. De ahí que el texto esté sufriendo una modificación tan grande que se parecerá poco al Anteproyecto originario.

Por lo que respecta a nuestro estatuto jurídico, el preacuerdo alcanzado en julio por STAJ y otros sindicatos con el Ministerio, fruto de las negociaciones y presiones que hemos ejercido desde que se dio a conocer el anteproyecto, va a mantenerse prácticamente en los mismos términos en que actualmente está diseñado en la LOPJ vigente, incluso con algunas mejoras, aunque desde luego no está todo lo que quisiéramos. Gracias al preacuerdo, se mantendrá el carácter municipal y no provincial de los centros de destino, se impedirá la movilidad geográfica ordinaria forzosa y se potenciará la promoción interna, entre otras cosas. Y además, se mantendrán los partidos judiciales y los juzgados -oficina judiciales- de paz, sin que se pierdan, en definitiva, los puestos de trabajo afectados.

En estos momentos no podemos saber si la nueva LOPJ verá la luz, ni siquiera si será llevada al Consejo de Ministros. Pero si se lleva, desde luego tendrá que ser recogiendo en su texto todas las garantías descritas en el preacuerdo. Por otra parte, no debe olvidarse que el preacuerdo contiene el compromiso de desarrollo reglamentario, lo que puede suponer la mejora de la regulación de algunas cuestiones que a nuestro juicio son manifiestamente mejorables, como sucede con la regulación de las sustituciones o las comisiones de servicio, o el régimen disciplinario.

Si finalmente la nueva LOPJ no ve la luz, mejor para todos, pues desde STAJ siempre hemos defendido que la solución de la Justicia no está en modificar una y otra vez la Ley, sino en invertir en medios humanos y materiales. Pero que nadie olvide que la LOPJ vigente, pactada en 2003, ya establece una profunda modificación de la estructura y organización de la Oficina Judicial, que ya está siendo implantada en muchas ciudades y que está ya proyectada para otras muchas.

STAJ luchará, como siempre, sin demagogias, sin hacer política y sin pedir cosas imposibles. La paralización de la reforma de la LOPJ dejaría las cosas como están en la Ley actual. Pero no debemos obviar que hay cuestiones que aun sin nueva LOPJ deben ser acometidas con urgencia, por ejemplo, la situación en que quedarán los Juzgados de Paz cuando se materialice la desjudicialización definitiva a partir de 2015, con privatización o no, del Registro Civil, vaciando a dichos juzgados de una de sus principales funciones, poniendo en riesgo la continuidad de los puestos de trabajo. Esa es una de las previsiones del preacuerdo y por ello, entre otros muchos motivos, es preciso que se cumpla aunque la nueva LOPJ no vea la luz.

El preacuerdo LOPJ y la “pataleta” de algunos.

Como hemos informado en reiteradas ocasiones, los sindicatos STAJ, CSIF y UGT suscribimos en julio un preacuerdo con el Ministerio de Justicia, fruto de casi dos meses de negociaciones en el seno de la mesa sectorial, que garantizaba los derechos de los funcionarios de justicia puestos en riesgo en la redacción originaria del Anteproyecto de LOPJ presentado por el Gobierno. De ese preacuerdo se desmarcaron otros sindicatos presentes en la mesa sectorial (ELA y CIG ni siquiera quisieron negociar, y CCOO rehusó firmarlo)

No vamos a repetir los puntos que aquel preacuerdo recoge, nos remitimos a las informaciones que ya hemos facilitado en numerosas hojas informativas. A pesar de ello, hay un sindicato, CCOO, que insiste de forma irresponsable no sólo en no suscribir el preacuerdo, sino en atacarlo duramente y de forma incansable (más bien cansina). Pero se le acaban los argumentos. Primero pidieron cosas que saben que son imposibles y que, además, nunca estuvieron en la LOPJ actualmente en vigor (Ley que, por cierto, fue pactada íntegramente con CCOO en el año 2003, con todo lo bueno, y todo lo malo)

Después han tachado de “ambigua” la redacción del preacuerdo, a pesar de saber que no es cierto y que, precisamente, el acuerdo definitivo sólo será posible si el texto que sea llevado al Consejo de Ministros contiene sin género de dudas todo lo que figura en el preacuerdo.

Lo último -y lo más sorprendente-, es que CCOO dice haber denunciado al Ministerio por vulneración del derecho a la libertad sindical porque no les está llamando para la preparación de ese acuerdo definitivo... ¡Pero si ellos se han autoexcluido previamente!. Quieren estar fuera y dentro, al mismo tiempo.

En realidad, el fondo de esa denuncia no es que en CCOO sientan vulnerado el derecho a la libertad sindical, sino que saben con certeza que el articulado de la LOPJ va a recoger todas las garantías, mantenimiento de partidos judiciales, juzgados -oficinas- de Paz, puestos de trabajo, carácter municipal y no provincial de los mismos, prohibición de movilidad geográfica ordinaria forzosa, y todo lo demás que el preacuerdo garantiza sobradamente. Y quieren que parezca que es gracias a ellos. Para eso, su último cartucho es estar en unas reuniones de las que, insistimos, sólo ellos se han autoexcluido.

La realidad es otra: STAJ, como siempre, ha actuado con responsabilidad, sin demagogias, sin hacer política, y por ello ha logrado, junto con el resto de sindicatos firmantes del preacuerdo, dar un giro de 180 grados al anteproyecto de LOPJ. Esa es la verdad, por más que le pese a CCOO. Tuvieron la oportunidad de participar en ello, pero en su balanza pesaron más las presiones políticas que reciben, que el interés y los derechos de los trabajadores a los que, se supone, deberían defender. No es la primera vez que sucede algo parecido.

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Posible dimisión de Gallardón. ¿En peligro el proyecto de LOPJ?.

En estos días se está rumoreando que el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, podría estar barajando la posibilidad de dimitir al frente del Ministerio, por haber sido desautorizado por otros miembros del Gobierno y del partido en lo referente a su proyecto de Ley del Aborto. Desde luego que la actuación de Gallardón desde que tomó posesión de su cargo no ha estado exenta de decisiones polémicas e inaceptables y, a nuestro juicio, con graves perjuicios a la Administración de Justicia. Es el caso, por ejemplo, de la reforma del CGPJ, de la Ley de Tasas o, más recientemente, de la privatización del Registro Civil (que no de la desjudicialización, que debemos “agradecer” al último gobierno socialista y que el PSOE quiere recuperar, sacando los Registros Civiles de Justicia y con pérdida de cientos de puestos de trabajo, aunque sea sin entregarlo a los Registradores Mercantiles, y contra la que nada hizo algún sindicato que tanto protesta ahora).

Polémico también ha sido el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, uno de los proyectos “estrella” de Gallardón, y que, en su redacción originaria, suponía el mayor retroceso en los derechos de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, suprimía los Juzgados de Paz y abría la puerta a la pérdida de numerosos puestos de trabajo y a la movilidad forzosa ordinaria. No obstante, y como hemos venido informando, el preacuerdo suscrito con los sindicatos STAJ, CSIF y UGT en Julio, modifica sustancialmente la redacción originaria del anteproyecto, de forma que se salvaguardan los derechos que se ponían en grave riesgo, se mantienen las oficinas judiciales de paz y los puestos de trabajo, se impide la movilidad geográfica ordinaria forzosa y se mejoran algunos aspectos de nuestro estatuto jurídico.

No sabemos si finalmente Gallardón dimitirá o no, como tampoco sabemos si el proyecto de LOPJ verá definitivamente la luz (queda poco tiempo de legislatura y el texto originario ha sufrido una importantísima modificación). Desde luego, lo que sí sabemos es que gracias al preacuerdo, si el nuevo texto de LOPJ llega a pasar el Consejo de Ministros, será con la salvaguarda de los derechos de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y todo lo demás recogido en el preacuerdo. Desde STAJ exigiremos, además, que aunque el proyecto no sea aprobado, las otras mejoras que hemos conseguido (promoción interna independiente, compromiso de un mejor desarrollo reglamentario de las sustituciones y comisiones de servicio, promoción interna de los T.E.L. a Facultativos de INTyCF, mejora del régimen disciplinario...), sean aprobadas con la máxima urgencia.

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El Ministerio convoca a los sindicatos a una reunión informativa sobre Registro Civil y anuncia convocatoria de mesa sectorial

Tal y como anunció STAJ, el Ministerio de Justicia ha convocado a los todos sindicatos de la mesa sectorial de Justicia de ámbito nacional. Se trata de una exigencia de STAJ, pues no vamos a permitir que una cuestión que afecta de forma específica a los funcionarios de Justicia se "negocien" mediante reuniones de "alto nivel" sin contar con los representes directos de los trabajadores de la Administración de Justicia. 

TRAS LAS PRESIONES DE STAJ y otros sindicatos el MINISTERIO ha contestado:

1º SE CELEBRA REUNION INFORMATIVA EL DIA 15 DE JULIO .

2º SE convocará a las Organizaciones sindicales de Justicia a MESA DE NEGOCIACION SOBRE LOS REGISTROS CIVILES.

No obstante, STAJ considera totalmente insuficiente esta convocatoria de "reunión informativa" hecha por el Ministerio a pesar de las comunicaciones de STAJ y otros sindicatos de movilizaciones, otoño caliente que si el Ministerio no recapacita finalizará en huelga en Justicia. Aún no se ha logrado nada en materia de Registro Civil, ni siquiera con los anuncios de huelga hechos por algún sindicato en solitario en un afán desmesurado de protagonismo, POR ESO STAJ HA EXIGIDO CONVOCATORIA DE MESA DE NEGOCIACIÓN, sin perjuicio de continuar e incrementar las acciones de protesta, hasta conseguir parar el traspaso de los Registros Civiles a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y, sobre todo, el mantenimiento de los puestos de trabajo (sin olvidar la Ley de 2011, aprobada por el PSOE, que desjudicializa el Registro Civil sin garantizar ni uno solo de los más de 3000 puestos de trabajo de la plantilla orgánica de la Administración de Justicia que iban a desaparecer, de un plumazo, con esa desjudicialización)

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LA CONSEJERIA DE JUSTICIA INSISTE EN SU PLAN DE AMORTIZACION DE PLAZAS

Resumen de la reunión de Mesa Sectorial de 8 de Julio

El principal punto del orden del día de la reunión tuvo por objeto la Constitución del Comité Sectorial de Prevención de Riesgos Laborales. La creación de este Comité era un cometido que tenía pendiente la Consejería de Justicia desde que obtuvo competencias en materia de Justicia y que ayer, por fin , se materializó. STAJ designó 1 Delegado para el Comité Sectorial (regional) y otro para el Comité provincial de Sevilla y el resto de Delegados de Prevención (hasta un total de 33 para toda Andalucía) se los repartieron fundamentalmente y casi a partes iguales CSIF, CC.OO y UGT. Este “especial” reparto de Delegados viene impuesto por un Acuerdo de la Mesa General de Función Pública andaluza en la que sólo están presentes estos 3 sindicatos. Se da la paradoja que sindicatos con menor o igual representación en Justicia que STAJ, han obtenido mayor representación en el Comité Sectorial y tienen representación en todas las provincias. Por este motivo STAJ informó de la interposición de un Recurso contencioso contra el injusto sistema de reparto de representación.

En el apartado de Ruegos y Preguntas, STAJ planteó las siguientes cuestiones a la Consejería:

- Comisiones de Servicio.- Denunciamos que las vacantes que se están produciendo como consecuencia de jubilaciones de sus titulares, no están siendo ofertadas en Comisión de Servicio, a pesar de existir una Instrucción que garantiza que se oferte el 100% de estas situaciones. Por ello denunciamos que la Consejería ya había decidido su amortización y exigimos su inmediata cobertura por esta forma de provisión.

- Refuerzos.- Exigimos el cese de recortes en refuerzos y la reordenación que se está produciendo, todo ello sin realizar consulta alguna con los sindicatos de Justicia.

- Registro Civil.- Ante la publicación del RDL 8/14 de 4 de Julio (disposiciones adicionales 19 a la 24) y que supone –en definitiva- la total privatización del Registro Civil al encomendárselo a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, STAJ instó a la Consejería a que iniciara las acciones legales oportunas para impedir la materialización de la desaparición de este importante servicio, todo ello habida cuenta de que la Junta de Andalucía ha manifestado estar radicalmente en contra de esta medida. La Directora General dijo que esa decisión era de índole política y por tanto debía de acordarse a instancias del Consejero y del propio Gobierno andaluz. Ante esta evasiva STAJ mostró sus serias dudas acerca de que se tomara medida alguna en este sentido porque, mucho nos tememos, que la Consejería aproveche esta situación para realizar una masiva amortización de plazas.

- Moción relativa a Política General en materia de Justicia.- Exigimos a la Consejería a que cumpliera de forma inmediata la Moción que aprobó el pleno del Parlamento andaluz el pasado día 26 de Junio por el que la Consejería viene obligada a:

Poner en marcha un nuevo Plan de Infraestructuras Judiciales.
Retirar la propuesta relativa a la amortización de plazas de la Administración de Justicia. Garantizar la rápida cobertura de las vacantes que se producen.
Articular medidas para mejorar los Servicios de Apoyo Provinciales.

Lo sorprendente es que ni a esta última cuestión -y prácticamente a ninguna de las anteriores- dió respuesta alguna la Directora General. Por todo ello STAJ terminó manifestándole que a la sociedad en general podrá engañarla, cuando la Consejería anuncia a “bombo y platillo” en medios de comunicación “medidas y reformas en materia de Justicia”, pero a nuestro sindicato y al colectivo de trabajadores de la justicia andaluza, no ... Por todo ello, no cejaremos en nuestro empeño de desenmascarar sus “recortes y retrocesos tanto en servicios a la sociedad como en condiciones de trabajo de los funcionarios”.

MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA JUSTICIA PARA TODOS

Julio de 2014

Con fecha 3 de diciembre de 2012 se constituyó la Plataforma Justicia para Todos, con la finalidad de defender con todos los medios democráticos a su alcance, los bienes y servicios básicos, el Estado de bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía, así como poner de manifiesto el rechazo a todas las reformas que tengan una incidencia negativa en el derecho de defensa de todas las personas, recortando el acceso a la justicia restringiendo los derechos y libertades de los ciudadanos, y haciendo retroceder el Estado de Derecho.

Ante las últimas reformas y proyectos legislativos la Plataforma MANIFIESTA:

· Toda reforma en el ámbito de la justicia debe estar al servicio de la ciudadanía para la plena efectividad y reconocimiento de los derechos y libertades que establece la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

· El acceso a la justicia por parte de los ciudadanos debe ser gratuito como proclama la Constitución, y no son admisibles en un Estado Social y Democrático de Derecho, restricciones que limiten el derecho a la tutela judicial efectiva, y que disuadan al ciudadano de litigar en la defensa de sus derechos e intereses.

· Las reformas legales deben garantizar la agilización de los procedimientos para obtener una respuesta efectiva sobre los derechos e intereses en disputa en un tiempo razonable.

· Toda iniciativa legal debe estar al servicio de garantizar los derechos de la ciudadanía ante la justicia sin que sean admisibles restricciones presupuestarias que deterioren la prestación del servicio por falta de recursos personales y materiales.

· Las reformas deben garantizar la independencia de los jueces y magistrados, la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos ciudadanos del Ministerio Fiscal, la objetividad e imparcialidad en el desempeño de las funciones públicas en el ámbito de la Administración de Justicia, y el reconocimiento y garantía del ejercicio de colaboración con la justicia de los profesionales del derecho, así como la protección y reconocimiento de los intereses colectivos de las organizaciones y entidades ciudadanas que representan a los ciudadanos.

· Las reformas, por último, deben desarrollarse conforme al principio de participación ciudadana en el servicio de la justicia, para hacer efectivo el principio constitucional que reconoce a los ciudadanos la participación en la vida política, económica, cultural y social.

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Gallardón retoma su proyecto de privatización del Registro Civil

Anuncia en el Senado que entregará la gestión del Registro Civil a los Registradores Mercantiles, que pasarán a denominarse “Registradores civiles y Mercantiles”

Si alguien pensaba que el Ministro de Justicia había descartado su proyecto de privatizar el Registro Civil estaba muy equivocado. Este martes Gallardón anunció en el Senado, a preguntas de la Oposición, que el Gobierno aprobará una reforma de la legislación registral para entregar la gestión del Registro Civil a los Registradores Mercantiles. Ello, evidentemente, supone la privatización de ese servicio, tal como STAJ ha venido denunciando desde hace casi dos años, pues el colectivo de Registradores Mercantiles (que junto con los Registradores de la Propiedad constituyen un solo cuerpo), a pesar de estar formado por funcionarios públicos, sin embargo sus oficinas están servidas por trabajadores privados, que no están sometidos a la legalidad ni tienen la inamovilidad e imparcialidad e independencia que sí detentamos los funcionarios públicos y que por ello somos los únicos garantes de los derechos de los ciudadanos y del cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico.

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MESA TÉCNICA Y SECTORIAL 4-12-2013

La Directora General vuelve a hacer gala de su ineptitud para negociar

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Orden de interinos.-

La Directora General pretendía dejar zanjado hoy el borrador de Orden de interinos, e incluso ha amenazado con abrir sólo la bolsa de Gestión, con las consecuencias que según ella acarrearía (quedar fuera los interinos con más antigüedad) si los tribunales les obligan a ello ante los resultados del recurso interpuesto por algún sindicato (a veces no se calculan las consecuencias que conlleva recurrirlo todo por norma). STAJ ha hecho ver a la Directora General que el texto es muy extenso y complejo y no puede ser visto en un solo día, pues es necesario valorar en profundidad qué alegaciones se aceptan y cuáles no de las propuestas sindicales, para valorarlas en su conjunto, pues esas alegaciones, al menos las que ha presentado STAJ, se basan en el equilibrio entre unos puntos y otros.

Finalmente se ha aceptado fijar una próxima mesa de trabajo para esta cuestión, que se celebrará el martes 17 de diciembre. Nos enviará un nuevo borrador en el que se incluirán las propuestas sindicales aceptadas por la Consejería.

Borrador Instrucción comisiones de servicio.-

En este punto, la Consejería ha dado marcha atrás a lo que según ella misma iba a ser un ambicioso proyecto que iba a dar correcta y definitiva regulación a las Comisiones de Servicio y las Sustituciones, y se ha quedado en la regulación de un “procedimiento” para las Comisiones de Servicio. La figura de la sustitución quedará regulada donde siempre ha estado, en el artículo 74 de nuestro Reglamento de Ingreso, al que se seguirá remitiendo la Consejería, y según palabras textuales de la Directora General “…en su día se desarrollará en un proceso normativo más ambicioso y que no se descarta pero ahora se va a regular un procedimiento para las Comisiones de Servicio y más adelante una Orden donde se regulen ambas figuras, las comisiones de servicio y las sustituciones”.

La pretensión de la Consejería es regular la normativa después de una reciente sentencia del Tribunal Supremo (desde STAJ volvemos a reiterar en la necesidad de valorar el alcance que supone el recurrir toda norma porque, concretamente en este asunto, lejos de beneficiarnos nos va a causar un perjuicio).

Como consecuencia de este cambio de criterio e incumplimiento de lo que prometió en su día la Consejería, los sindicatos por unanimidad hemos acordado que sea la Administración la que nos de traslado de las alegaciones sindicales admitidas y rechazadas.

La Directora ha reconocido que no se han admitido prácticamente ninguna de las alegaciones y propuestas sindicales, y en consecuencia, no se ha aceptado que se regulen las sustituciones, no se garantiza la cobertura del 100% de las vacantes e igualmente tampoco se garantiza el nombramiento de interinos en las plazas del adjudicatario de una comisión de servicio, con lo que el Informe del Secretario Judicial será negativo en muchos casos…

Sí se compromete la Directora a suprimir el requisito de “acreditar una experiencia previa de un año en la jurisdicción a la que está adscrita la plaza” pero se mantiene el de un mínimo de 6 meses de desempeño efectivo y continuado” para poder acceder a una comisión de servicios.

En resumidas cuentas, el balance es muy negativo: se ha producido un retroceso en nuestros derechos porque no se regula la figura de las “sustituciones” y el procedimiento de comisiones de servicio que nos quiere “imponer” la Consejería (que ya nos ha impuesto) es claramente más restrictivo que el que actualmente se nos está aplicando, y ni siquiera garantiza que se ofertarán en todo caso todas las plazas vacantes a comisión de servicio cuando dichas vacantes se produzcan.

Desde STAJ hemos tratado de hacer ver a la Directora General que bajo el pretexto de una nueva regulación no se puede pretender un “nuevo recorte de nuestros derechos”, que la Consejería va a contar con este triste mérito como es el de ser la que más derechos va a recortar a los funcionarios de justicia… Quizá por esto, en un momento de la reunión, nos ha llamado “pesados” pero lejos de significar un insulto nos enorgullece este calificativo, es nuestro deber, ser “pesados” y exigir una, otra y mil veces los derechos que nos conculcan. No nos vamos a callar, seguiremos reivindicando la recuperación de todos los derechos que , sin justificación válida alguna, nos siguen quitando.

También queremos destacar el poco talante negociador de la Directora General. Negociar significar ceder. En toda negociación se tiene que ceder en algo y esta cesión debe ser por ambas partes. No es la primera vez, llueve sobre mojado en este asunto, porque en todo el tiempo que lleva en el cargo no ha sido capaz de sacar adelante absolutamente nada que cuente con un mínimo consenso de los representantes de los trabajadores. De nada sirvió la reunión que mantuvimos hace casi un año con el Consejero Emilio de Llera, que instó a la propia Directora a que buscase “puntos de encuentro con los sindicatos”.

Calendario laboral 2014

En este apartado la Consejería sí aceptó el requerimiento de STAJ de mantener la jornada anual de 1625 horas, como actualmente, desistiendo de su intento de incrementarlas hasta 1664 horas. También ha aceptado una reducción de media hora diaria de Jornada por Semana Santa (Lunes, martes y miércoles) y en Navidad (días 22, 23, 26, 29, 30 de diciembre y 2 y 3 de enero, aplicable a partir de enero de 2014). En total 10 días de jornada reducida que supondrán un aumento de la “Bolsa de Horas” a 33 hs. anuales en 2014, al sumarse a ésta la inminente recuperación de 1 día de asuntos particulares que ha prometido el gobierno central. Finalmente el cómputo del Calendario de 2014 quedará con 1592 hs. efectivas anuales.

Tanto en este punto, como en todos los relativos a la pérdida de derechos que supuso la imposición de la actual Orden de Horario, STAJ volvió a reivindicar la total recuperación de lo perdido respecto a la anterior.

Concurso de traslado.- Aquellos que se trasladan dentro de la misma localidad disponen de 3 días naturales para la toma de posesión, el día 4, el día 5 y el día 10. Si lo hacen este último día, la toma de posesión se realizará con efectos del día 7 de diciembre. De tomar posesión el día 10, el funcionario interino cesará con efectos del día 7.

Nombramiento de interinos.- En lo que queda de año se realizarán los nombramientos más urgentes. La Consejería alega las “palabras mágicas” que, al pronunciarse, lo justifican todo: “optimizar recursos”.

Abono complemento específico a partir del séptimo mes de baja.- Nos informan también, que en la próxima nómina de Enero abonarán el complemento específico a partir del séptimo mes de baja y lo harán con efectos desde su entrada en vigor, el 29 de junio de 2013.

Baja en la Seguridad social.- Desde STAJ, como ya advertimos hace tiempo, hemos detectado que bastantes funcionarios de carrera que cotizan a la Seguridad Social (aquellos que han ingresado en la Admon de Justicia desde el 1-1-2011) consta en su “Historial de Vida Laboral” que han permanecido de baja durante 35 días (desde 25-05-11 hasta el 30-06-11), la Directora General nos ha contestado que preguntará sobre este asunto y nos informará al respecto.

Decreto NOJyF.- En enero se aprobará por el Consejo de Gobierno y a continuación se publicará en el BOJA. Nueva muestra del nulo talante negociador de la Directora y la Consejería.

Refuerzos.- Sus nombramientos cumplen el 31-12-2013. En lo sucesivo, se van a mantener el mismo número pero pretenden que puedan cambiar de órgano judicial. Valorarán su rendimiento pero no han dicho cómo.

Nombramiento de interinos en plazas vacantes con motivo del concurso sin que se realice la pertinente convocatoria de comisiones de servicio.- A preguntas de STAJ sobre este tema, la Consejería nos dice que lo desconocen y que se comprometen a darnos una respuesta después de hablar con la delegación de Cádiz.

DESCUENTOS POR IT EN ANDALUCÍA

STAJ, continuará luchando por la defensa de los derechos de los funcionarios de Justicia, trabajando para lograr la recuperación de todo lo que nos han hurtado.

En la última reedición de una reiterada información difundida por la organización SPJ-USO acerca de la regulación sobre IT, se acusa a STAJ de ser cómplice de CCOO, UGT Y CSIF, firmantes estos últimos en unión de la Junta de Andalucía del acuerdo-marco de 3 de junio de 2013, por el que se nos aplica y equipara al personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía con el resto de colectivos de personal funcionario pertenecientes a esta Comunidad en distintas materias, entre ellas, la de regulación de los descuentos y complementos sobre la Incapacidad Temporal.

El motivo de la elevación, en esta última reedición, del grado de culpa que SPJ-USO imputa a STAJ es confuso pero se puede deducir que nos culpa porque STAJ, según ellos, no ha recurrido el Decreto 61/13 que regula la I.T. y porque hemos permanecido en la plataforma de Justicia (junto con CSIF, UGT y CCOO), después de que SPJ-USO la haya abandonado unilateralmente. Ello convertiría a STAJ, según SPJ-USO, en cómplice de los sindicatos CCOO, UGT Y CSIF firmantes de ese acuerdo junto a la Junta de Andalucía.

Ante esto lo primero que debemos decir es que STAJ no ha firmado NADA relativo a los descuentos por IT, deberán ser los firmantes los que expliquen a sus representados lo que han firmado. STAJ lo que sí ha hecho es luchar por una regulación propia para el personal al servicio de la Administración de Justicia, similar a la que tienen jueces y fiscales, que trabajan en las mismas dependencias que los funcionarios de Justicia. Es la Consejería de Justicia la que no lo ha aceptado. También ha luchado para que a partir del 181º día de IT se abone un complemento para alcanzar el 100% de las retribuciones, cosa que antes no teníamos y a partir de ahora sí. Esto sí se ha logrado, gracias, entre otros, a las presiones de STAJ.

En segundo lugar, desde STAJ entendemos que hacernos cómplices de algo en lo que no hemos participado constituye un ataque gratuito que carece de justificación alguna, por ello nos vemos obligados a ejercitar el derecho de defensa que nos asiste, en base a los siguientes argumentos y pruebas:

1º. Desde STAJ respetamos la acción de todos los sindicatos, desde aquellos cuya actividad principal es el eco de lo que los demás hacemos hasta los más comprometidos; desde los amarillos hasta los rojos; desde los de derechas hasta los de izquierdas; desde los religiosos hasta los ateos; desde los subvencionados hasta los no subvencionados... La de todos. La respetamos aunque en muchas ocasiones no las compartamos.

2º. El STAJ ha sido el primer sindicato con representación en Justicia en Andalucía en denunciar públicamente la discriminación de la regulación aplicable a los funcionarios de justicia con respecto a la de jueces, magistrados y fiscales, como se puede comprobar en la información publicada el viernes 28 de junio de 2013 en el BLOG DE STAJ ANDALUCÍA. Ponemos entrecomillada parte de la información publicada:

“La Junta de Andalucía y el Ministerio discriminan a los funcionarios de Justicia frente a jueces y fiscales. A partir de ahora, en los Juzgados y Tribunales, no todos seremos iguales ante la enfermedad, ni por supuesto ante la ley, pues los jueces y los fiscales no verán mermadas sus retribuciones en unos supuestos de incapacidad temporal en los que el resto del personal, trabajando en el mismo sitio, sí las veremos disminuidas sustancialmente.

Así, tanto para jueces como para fiscales se incluye un catálogo de enfermedades excluidas de descuento mucho más amplio que el previsto para el resto del personal: ...

Con ello, jueces y fiscales podrán permanecer en sus domicilios curando enfermedades como, por ejemplo, la gripe, mientras el resto de personal de las oficinas judiciales y fiscales tendremos que acudir al juzgado por muy mal que nos encontremos (y, de paso, contagiando a nuestros compañeros), so pena de ver mermadas sustancialmente nuestras retribuciones si no lo hacemos.”

http://stajandalucia.blogspot.com.es/2013/06/boja-retribuciones-en-situacion-de.html

3º. La información anterior, publicada en nuestro blog, el viernes 28 de junio de 2013, finalizaba así: “...desde STAJ estamos estudiando la interposición de los recursos correspondientes.”

Nos guste o no, la Junta de Andalucía es el órgano competente para la regulación de los descuentos y complementos por I.T, de los funcionarios de justicia de su ámbito; en cambio, el competente para la regulación de Jueces es el CGPJ y de Fiscales el Ministerio de Justicia y, aunque no renunciamos a la interposición de ningún recurso, estimamos que en este momento la vía judicial tiene poco recorrido, dado que la Junta de Andalucía carece de competencias sobre jueces y fiscales, por lo que difícilmente un Tribunal estimará que nos ha tratado de forma discriminatoria pues nos aplica el mismo tratamiento jurídico que al resto del personal funcionario sobre el que sí tiene competencia: los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía; ello sin perjuicio de que estudiaremos los casos concretos de descuentos para los que pondremos a disposición de nuestros afiliados nuestro servicio jurídico y de cuyo resultado, en su caso, podrán beneficiarse el resto de funcionarios a través de las fórmulas que consideremos más adecuadas, primando, ante todo, la ACCIÓN SINDICAL, que es la que nos corresponde como sindicato, frente a la judicial, siempre lenta e incierta.

No obstante lo anterior, STAJ sí ha recurrido la regulación de los descuentos de IT en el ámbito del Ministerio, pues este sí que ha regulado de forma diferente a dos colectivos sobre los que sí tiene competencias y que trabajan en el mismo sitio. Si ese recurso se gana, deberíamos beneficiarnos de ello en Andalucía, pues existe el compromiso de que cualquier mejora en esta materia que se logre en el ámbito del Ministerio se aplique también aquí. STAJ, también está intentando, además, otras vías, y así, entre otras cosas, ha presentado queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz.

Por último, queremos dejar claro que el hecho de no recurrir en Andalucía y explotar otras vías de denuncia ante otros órganos, primero, no significa que renunciemos a esta opción por la vía indirecta y, segundo, no nos convierte en cómplices de nada ni de nadie. Siguiendo el mismo simple razonamiento utilizado por SPJ-USO, el hecho de que no haya recurrido la desaparición de la jornada de tarde en los Registros Civiles, ni el descuento del 5% de los recortes de la Junta de Andalucía durante 2013 o la eliminación de la paga extraordinaria en Andalucía en 2012, que STAJ SÍ HA IMPUGNADO, ¿les convierte en cómplices de la Junta de Andalucía y sus recortes? ¿Son cómplices de todo aquello que critican pero que rara vez recurren?

Creemos que cada sindicato es el dueño y responsable de su acción sindical ante los funcionarios a quienes representamos. STAJ, como siempre, continuará luchando por la defensa de los derechos de los funcionarios de Justicia, trabajando día a día para conseguir mejorar sus condiciones de trabajo y la recuperación de todo lo que nos han hurtado. Eso es lo que el STAJ intenta hacer de la mejor manera que sabe: trabajando sin descanso todos los días y luchando frente a los abusos de nuestros gobernantes. Y lo haremos sin demagogias y sin mordazas, pues STAJ no le debe nada a la Administración y por eso es libre e independiente. Aunque a otros no les guste. Que sea el colectivo el que nos valore y nos juzgue.