STAJ informa: MANIFIESTO SINDICATOS INDEPENDIENTES REIVINDICANDO LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECORTES SALARIALES Y LABORALES

Delegados de STAJ, -único sindicato de Justicia convocante-, junto con compañeras y compañeros, tanto de Justicia como del resto de sindicatos convocantes independientes de otros sectores de la Administración (ANPE, CGT, SAE, SAF, SATSE, SMA y USTEA), participamos el pasado lunes 15 de diciembre de 2014 en una CONCENTRACIÓN ANTE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN GRANADA, exigiendo al Gobierno andaluz el abono en la nómina de enero de 2015 de parte de la Extra de 2012 que nos fue robada -sin renunciar al resto hasta el 100% de la misma- y que ahora el Gobierno central ha acordado devolver a los funcionarios de la Administración General y sobre la que aún nuestro gobierno autonómico no ha decidido cumplir con esta obligación.

Además hemos reivindicado la devolución de todos los recortes salariales y la recuperación de los derechos y condiciones de trabajo que nos han robado desde 2010.

La concentración ha sido convocada por los sindicatos independientes de Educación, Sanidad, Administración General de la Junta y Justicia (STAJ)

Al acto han acudido diversos medios de comunicación (televisiones, emisoras de radio y prensa) siendo el Delegado de STAJ Miguel Esteban, el que se ha dirigido a los mismos en nombre de todos los sindicatos convocantes.

MANIFIESTO DE LOS SINDICATOS CONVOCANTES:

STAJ informa: Concentración contra los recortes y reclamando la devolución de la extra de 2012

Delegados de STAJ, -único sindicato de Justicia convocante-, junto con compañeras y compañeros, tanto de Justicia como del resto de sindicatos convocantes independientes de otros sectores de la Administración (ANPE, CGT, SAE, SAF, SATSE, SMA y USTEA), hemos participado hoy 15 de diciembre de 2014 en una CONCENTRACIÓN ANTE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN GRANADA, exigiendo al Gobierno andaluz el abono en la nómina de enero de 2015 de parte de la Extra de 2012 que nos fue robada -sin renunciar al resto hasta el 100% de la misma- y que ahora el Gobierno central ha acordado devolver a los funcionarios de la Administración General y sobre la que aún nuestro gobierno autonómico no ha decidido cumplir con esta obligación.

Además hemos reivindicado la devolución de todos los recortes salariales y la recuperación de los derechos y condiciones de trabajo que nos han robado desde 2010.

Al acto han acudido diversos medios de comunicación (televisiones, emisoras de radio y prensa) siendo el Delegado de STAJ Miguel Esteban, el que se ha dirigido a los mismos en nombre de todos los sindicatos convocantes.

STAJ informa: CONCENTRACION CONTRA EL RECORTE EN LAS EXTRA DE NAVIDAD A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

-15 de Diciembre, de 11,00 a 11,30 hs. frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada-

Los Sindicatos independientes ANPE, CGT, SAE, SAF, SATSE, SMA, STAJ y USTEA exigen la restitución de todo lo recortado desde 2012. Y, como paso previo a dicha compensación, pedimos la derogación de las distintas normativas de rango estatal y autonómico que han sustentado los recortes en educación y sanidad y la apertura de negociaciones, en el marco de las mesas sectoriales, para el establecimiento de medidas que compensen justamente a los docentes, sanitarios,  funcionarios de justicia andaluces y funcionarios de la administración general de la Junta de Andalucía por su esfuerzo diario.

Un vez más los sindicatos independientes ANPE, CGT, SAE, SAF, SATSE, SMA, STAJ y USTEA, nos concentramos contra el enésimo ataque a los derechos de los Funcionarios Públicos llevado a cabo por la Junta de Andalucía. El lunes 15 de diciembre las organizaciones sindicales firmantes pondremos de manifiesto de manera conjunta, que mientras los funcionarios de la Administración General del Estado recuperarán la cuarta parte de la paga extra de diciembre de 2012, los funcionarios Andaluces no lo percibirán, ya que según el anuncio del Gobierno central, ello dependerá de lo que el Gobierno autonómico establezca por ello manifestamos, nuestra frontal oposición a la confiscación de los complementos autonómicos de la paga extraordinaria de Navidad de este año que, en el caso de los funcionarios de Justicia, ya se ha descontando mensualmente.

Mientras la Junta de Andalucía acaba de aprobar el reparto de medio millón de euros entre sus 150 Directores Generales y Delegados Territoriales, lo que les supondrá un incremento del complemento específico de hasta el 27%, los funcionarios andaluces serán los únicos empleados públicos de todo el país que no perciban de manera íntegra los complementos de sus pagas extraordinarias en Navidad, a lo que tendrán que sumar los recortes en sueldo y trienios que año tras año se aplican desde el Gobierno Central a todos los funcionarios españoles, con el silencio cómplice de los sindicatos de clase.

Los funcionarios andaluces no merecen las continuas agresiones del gobierno autonómico y por ello, los  Sindicatos independientes ANPE, CGT, SAE, SAF, SATSE, SMA, STAJ y USTEA reclaman una compensación por su constante esfuerzo profesional, en el marco de crecientes dificultades que entorpecen de un modo mayor, año tras año, su labor al servicio de la ciudadanía.

La concentración pretende ser una nueva demostración de rechazo hacia las medidas que la Junta viene tomando con sus propios funcionarios desde la aprobación del  "Plan de Ajuste" de 2012.

Así mismo, denunciaremos que la Junta de Andalucía tiene el dudoso honor de ser la primera Administración que recortó la extra de sus funcionarios y de ser la última en restituir lo recortado, a diferencia de otras Administraciones en las que desarrollaron fórmulas para evitar la aplicación de tales recortes o que están implantando actualmente medidas para devolver lo confiscado anteriormente.

POR TODO ELLO, LOS SINDICATOS INDEPENDIENTES NOS CONCENTRAREMOS A LAS ONCE DE LA MAÑANA DEL PRÓXIMO 15 DE DICIEMBRE (DE 11,00 A 11,30 HS.),  FRENTE A LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN GRANADA, EN LO QUE SERÁ UNA NUEVA DEMOSTRACIÓN DEL RECHAZO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS HACIA LOS ATAQUES PERPETRADOS POR LA  ADMINISTRACIÓN.

MANIFIESTO COMPLETO EN PDF

BOE: PUBLICADA LA LEY 18/2014, de 15 de octubre, QUE PRIVATIZA EL REGISTRO CIVIL

PDF (BOE-A-2014-10517 - 162 págs. - 4.835 KB)

STAJ sigue proponiendo que aun desjudicializando el Registro Civil este debe seguir siendo un servicio de la Administración de Justicia, servido enteramente por funcionarios de Justicia, configurándose como Centro de Destino en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de acuerdo con la relación de puestos de trabajo que en definitiva se apruebe que en todo caso habrá de garantizar la permanencia, al menos, de la plantilla que actualmente está destinada a funciones de Registro Civil.

Este sindicato aboga por la modernización del Registro Civil, para lo cual, insistimos, lo necesario es una mayor inversión en medios tecnológicos y humanos, así como su permanencia dentro de la Administración de Justicia lo que garantizará su calidad y una gestión absolutamente profesional, gratuita y garante de los derechos de los ciudadanos, a quienes todos nos debemos.

En este sentido, STAJ ha reiterado sus propuestas al nuevo Ministro de Justicia, Rafael Catalá y ante la publicación de la Ley, hemos exigido la convocatoria urgente de mesa sectorial.

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración exigimos que en cualquier caso se garantice por parte del Ministerio de justicia la no amortización de ningún puesto de trabajo de los que ahora forman parte de la plantilla orgánica de los órganos judiciales y que sean consecuencia de las competencias en materia de Registro Civil que dichos órganos pudieran tener en la actualidad.

Esa garantía debe ser plasmada en los textos legales que procedan, para ser aplicables a todo el territorio nacional, obligando así no sólo en el ámbito gestionado directamente por ese Ministerio, sino también en aquellos ámbitos gestionados por las CCAA que han asumido competencias en materia de Justicia.

Desde STAJ seguiremos luchando contra la privatización del Registro Civil, sin demagogias y sin iniciativas inverosímiles que no llegan a ningún sitio por muy mediáticas que puedan ser; y, sobre todo, luchará por el mantenimiento íntegro de todos los puestos de trabajo, dando solución satisfactoria a todos los funcionarios que actualmente ocupan las plazas de Registro Civil tanto en oficinas exclusivas como en Juzgados con competencia compartida, sin merma de retribuciones ni derechos y sin cambio de localidad de destino.

Si no se cumplen las condiciones anteriores, no tendrá más remedio que llamar a la movilización de los funcionarios afectados.

STAJ pide al nuevo Ministro el mantenimiento del Registro Civil como servicio dentro de la Administración de Justicia y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo.

STAJ ha presentado nuevo escrito dirigido al nuevo Ministro de Justicia un escrito en el que reitera la solicitud de mantenimiento del Registro Civil como un servicio de la Administración de Justicia, servido enteramente por funcionarios de Justicia.

El hecho de que se produzca la “desjudicialización”, es decir, que los jueces dejen de ser los “encargados” del Registro Civil, no tiene por qué suponer que ese servicio se extraiga de la Administración de Justicia y, encima, se privatice entregándolo a los Registradores mercantiles.

Asimismo, ponemos de manifiesto al Ministro que reciente informe del Consejo de Estado ha puesto serias objeciones a la exigencia a los Registradores para la implantación del sistema informático para el nuevo Registro Civil, lo cual hace peligrar todo el proceso de desjudicialización y privatización.

Los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia tenemos conocimientos y experiencia sobrada en Registro Civil, muy necesaria para un servicio público que lo que verdaderamente requiere para ser plenamente eficaz es una inversión suficiente en medios materiales y humanos y una completa modernización, que facilite su acceso por la ciudadanía.

La propuesta que hacemos pasa también por la modificación de la Ley de 2011, en lo que se refiere al personal de los Registros Civiles y la dependencia orgánica y funcional de las Oficinas de Registro Civil, aun sin haber entrado dicha ley en vigor.

Proponemos, y así lo solicitamos también al nuevo Ministro, que los Registros Civiles continúen siendo un servicio de la Administración de Justicia, en el que los funcionarios del Cuerpo de Secretarios Judiciales, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial, continúen prestando sus servicios en las respectivas oficinas de Registro Civil, configurándose como Centro de Destino en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de acuerdo con la relación de puestos de trabajo que en definitiva se apruebe que en todo caso habrá de garantizar la permanencia, al menos, de la plantilla que actualmente está destinada a funciones de Registro Civil.

Mantenimiento de todos los puestos de trabajo.-

Sin perjuicio de lo anterior, desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración exigimos que en cualquier caso se garantice por parte del Ministerio la no amortización de ningún puesto de trabajo de los que ahora forman parte de la plantilla orgánica de los órganos judiciales y que sean consecuencia de las competencias en materia de Registro Civil que dichos órganos pudieran tener en la actualidad.

Esa garantía debe ser plasmada en los textos legales que procedan, para ser aplicables a todo el territorio nacional, obligando así no sólo en el ámbito gestionado directamente por el Ministerio, sino también en aquellos ámbitos gestionados por las CCAA que han asumido competencias en materia de Justicia.

Desde STAJ consideramos que, aun estando radicalmente en contra de la privatización del Registro Civil y con que se hurte este servicio de la Administración de Justicia, en cualquier caso los puestos de trabajo han de mantenerse íntegramente, dando solución satisfactoria a los funcionarios titulares de los puestos de trabajo o no, que estén ocupando los indicados puestos. Para ello, exigimos la reapertura urgente de la negociación, donde se busque una solución satisfactoria a todo este personal, y que no le cause ningún perjuicio ni pérdida de retribuciones ni, por supuesto, cambio de localidad de destino.

STAJ reitera al Ministerio el mantenimiento del Registro Civil como servicio dentro de la Administración de Justicia y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo.

STAJ ha vuelto a presentar escrito en el que reitera la solicitud de mantenimiento del Registro Civil como un servicio de la Administración de Justicia, servido enteramente por funcionarios de Justicia.

El hecho de que se produzca la “desjudicialización”, es decir, que los jueces dejen de ser los “encargados” del Registro Civil, no tiene por qué suponer que ese servicio se extraiga de la Administración de Justicia y, encima, se privatice entregándolo a los Registradores mercantiles.

Los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia tenemos conocimientos y experiencia sobrada en Registro Civil, muy necesaria para un servicio público que lo que verdaderamente requiere para ser plenamente eficaz es una inversión suficiente en medios materiales y humanos y una completa modernización, que facilite su acceso por la ciudadanía.

La propuesta que hacemos pasa también por la modificación de la Ley de 2011, en lo que se refiere al personal de los Registros Civiles y la dependencia orgánica y funcional de las Oficinas de Registro Civil, aun sin haber entrado dicha ley en vigor.

Proponemos, y así lo solicitamos expresamente al Ministerio, que los Registros Civiles continúen siendo un servicio de la Administración de Justicia, en el que los funcionarios del Cuerpo de Secretarios Judiciales, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial, continúen prestando sus servicios en las respectivas oficinas de Registro Civil, configurándose como Centro de Destino en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de acuerdo con la relación de puestos de trabajo que en definitiva se apruebe que en todo caso habrá de garantizar la permanencia, al menos, de la plantilla que actualmente está destinada a funciones de Registro Civil.

Mantenimiento de todos los puestos de trabajo.-

Sin perjuicio de lo anterior, desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración exigimos que en cualquier caso se garantice por parte del Ministerio la no amortización de ningún puesto de trabajo de los que ahora forman parte de la plantilla orgánica de los órganos judiciales y que sean consecuencia de las competencias en materia de Registro Civil que dichos órganos pudieran tener en la actualidad.

Esa garantía debe ser plasmada en los textos legales que procedan, para ser aplicables a todo el territorio nacional, obligando así no sólo en el ámbito gestionado directamente por ese Ministerio, sino también en aquellos ámbitos gestionados por las CCAA que han asumido competencias en materia de Justicia.

Desde STAJ consideramos que, aun estando radicalmente en contra de la privatización del Registro Civil y con que se hurte este servicio de la Administración de Justicia, en cualquier caso los puestos de trabajo han de mantenerse íntegramente, dando solución satisfactoria a los funcionarios titulares de los puestos de trabajo o no, que estén ocupando los indicados puestos. Para ello, exigimos la reapertura urgente de la negociación, donde se busque una solución satisfactoria a todo este personal, y que no le cause ningún perjuicio ni pérdida de retribuciones ni, por supuesto, cambio de localidad de destino.

Suspendida la reunión de mesa sectorial de este martes sobre negociación Disposición Transitoria 8ª Ley del Registro Civil

DESDE STAJ hemos seguido presionando para buscar una solución que vincule a las CCAA y que no se produzca amortización de puestos de trabajo.

HEMOS EXIGIDO AL MINISTERIO UNA NUEVA REDACCION de dicha disposición transitoria porque con la que nos traslado tampoco cumplía el compromiso dado por el propio Ministro de Justicia para su territorio.

Pueden y deben cambiar la redacción de esta disposición transitoria y no se puede perder ni una plaza en justicia.

La lucha contra la privatización del Registro Civil continúa

Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Postura de STAJ en las negociaciones

NO NOS LLEVEMOS A ENGAÑOS por manifestaciones politizadas de otro sindicato. STAJ seguirá en la lucha quedan pendientes muchos temas que para STAJ son prioritarios y hay que llevar su desarrollo a nuestro Reglamento y seguir por la recuperación de los derechos perdidos.

Que se haya firmado el preacuerdo del nuevo texto de la LOPJ, no significa que ya no se vayan a negociar otras cosas. El preacuerdo tiene el ámbito que tiene, todo lo demás es negociable, faltaría más. Mezclar las cosas, como hacen otros, no es sino un intento de confundir al personal y de justificar lo injustificable.

Los días robados de forma especial en Justicia (que STAJ lleva denunciando de forma insistente), las bajadas de sueldo y quitar las pagas extras no salió de la LOPJ. ESTOS RECORTES VINIERO DEL ACTUAL GOBIERNO, DEL ANTERIOR Y DE LAS CCAA de “ un plumazo ”.

Hay que seguir luchando por recuperar estos derechos y otros perdidos y en todo caso intentar mejora incluso lo existente hasta hoy, mediante nuevas negociaciones, en el marco que corresponda y por su puesto mejorando nuestros REGLAMENTOS, pendientes de negociación y con compromiso de hacerlo en breve gracias a la firma del pre-acuerdo.

Tal y como anunció STAJ se ha firmado un pre-acuerdo que obliga al Ministerio al cambio de redacción del texto legal de la LOPJ que sin este cambio “era el mayor ataque a los derechos de los funcionarios de Justicia”

La firma de un pre-acuerdo sólo vincula si la Administración cambia el texto del anteproyecto de LOPJ y que se lleve a Consejo de Ministros y a las Cortes. En este cambio de articulado se contempla la recuperación de derechos que suponían la pérdida y un cambio total en nuestros destinos, que se unificaban casi todos por provincias, provocando movilidad funcional y geográfica, sumado a la desaparición de todos los juzgados de paz y con ello amortización de miles de puestos de trabajo entre otros aspectos.

CENTROS DE DESTINO- MOVILIDAD FORZOSA FUNCIONAL Y GEOGRAFICA-PERDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO-DESAPARICION DE LOS JUZGADOS DE PAZ, promoción desarrollo de Reglamento, Comisiones de Servicio, sustituciones horizontales, productividad,,,,,,,

INFORMAROS nuevamente que desde STAJ no vamos a aceptar negociaciones de “alto nivel” con algunos representantes sindicales, sin contar con los representantes legales de justicia.

Desde STAJ tan sólo negociamos defendiendo los derechos de los funcionarios de justicia. Y vamos a mantener nuestra postura de consulta a los funcionarios y eso sólo se consigue con rutas y estando cerca del funcionario día a día para que nos trasladéis vuestras inquietudes y reivindicaciones. Todo ello para poder trasladar y reivindicar en las Mesas de Negociación vuestras peticiones.

SI Ministerio NO CUMPLE con el compromiso realizado STAJ CONVOCARA todas las movilizaciones, necesarias y otoño caliente Y APOSTAREMOS PORLA HUELGA EN JUSTICIA

Así lo anunciamos al Ministerio antes del inicio de las negociaciones. STAJ NO IBA A PERMITIR UN CAMBIO DE LOPJ COMO EL PROPUESTO POR ESTE MINISTRO YA QUE ERA UN ATAQUE SIN PRECEDENTES PARA LOS FUNCIONARIOS Y LA JUSTICIA EN ESPAÑA. Y estábamos dispuestos a negociar hasta conseguir una mejora sustancial en los puntos prioritarios que nos habían trasladado los funcionarios de justicia

NO NOS FIAMOS DE GALLARDON Y POR ELLO VAMOS A SEGUIR PRESIONANDO Y EXIGIENDO HASTA VER REFLEJADO ESTE CAMBIO EN LOS ARTICULOS fijados y que son de carácter principal para LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA. “un pre-acuerdo “ es para cumplir lo pactado.

Sólo con la POSICION Y EXIGENCIA DE CAMBIO EN LA LOPJ DE LA MAYORÍA DE LOS SINDICATOS en la Mesa de Negociación SE CONSIGUEN QUE EL MINISTERIO MUEVA SU POSICION HASTA AHORA INFLEXIBLE EN LA LOPJ.

REITERAMOS.- La negociación la daba por cerrada el Ministerio y NO los sindicatos firmantes que ni nos levantamos de la Mesa como algún sindicato, ni cesamos en nuestra lucha hasta conseguir un cambio profundo en esta reforma exigiendo “con un principio de acuerdo y borrador del texto” Un NUEVO TEXTO que incluya en la LOPJ que se lleve al Consejo de Ministros y al Congreso MODIFICACIONES que nos trasladaron los propios trabajadores y que desde STAJ mantuvimos como innegociables e imprescindibles. CONSIGUIENDO UN CAMBIO SUSTANCIAL QUE GARANTIZA A LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA DERECHOS QUE NO SE PODIAN PERDER.

PRUEBA DE ELLO ES LA SORPRESA MANIFESTADA DE ALGUN SINDICATO en la Mesa celebrada el 23 de julio, ”esto no se parece en nada al contenido de la 1ª propuesta del Ministerio es un cambio sustancial”

Mantener los centros de destino por localidad, de las sedes judiciales de paz, terminar con la movilidad territorial y funcional, no amortizar plazas, mejora en la promoción, compromiso de desarrollo de Reglamento con los nuevos cambios y otros pendientes de desarrollar , Estos y otros aspectos prioritarios para los funcionarios que NO CONTEMPLABA EL TEXTO que nos pasó el MINISTERIO.

STAJ NEGOCIA y no se vende a cambio de tener guerra social en año de elecciones .

SIN OLVIDAR QUE CON EL TRASPASO A LOS REGISTRADORES DE LOS REGISTROS CIVILES STAJ MANTENDRA SU LUCHA “sin límites” incluso con la huelga anunciada

STAJ insta a la Defensora del Pueblo a defender el carácter público del Registro Civil y su permanencia en la Administración de Justicia

STAJ, junto con CSIF y UGT (CCOO se empeña en ir por libre), nos hemos reunido el pasado miércoles día 16 de julio con la Defensora del Pueblo para exponerle nuestra posición respecto a la privatización del Registro Civil que el Gobierno ya ha puesto en marcha tras la aprobación del Decreto “ómnibus” hace dos semanas.

Desde STAJ planteamos a la Defensora del Pueblo en primer lugar que conocíamos las quejas de los ciudadanos por el funcionamiento de este servicio, pero le dejamos claro que esas quejas tienen su origen en la falta de medios con que cuesta el Registro Civil, cuestión imputable exclusivamente a los responsables políticos encargados de la gestión de sus medios materiales y humanos. Los funcionarios de Justicia, muy al contrario, lo que hemos venido haciendo ha sido paliar con nuestro trabajo y dedicación sus inaceptables deficiencias.

También transmitimos a la Defensora del Pueblo, que el carácter gratuito del Registro Civil difícilmente va a poder garantizarse por mucho que lo diga el Ministerio, porque los Registradores de la Propiedad, ineludiblemente, tendrán que hacer frente a su coste, (personal y material), por lo que de alguna manera, ya sea mediante incremento de los aranceles, mediante tasas, mediante subvenciones o directamente de los presupuestos generales del Estado, tendrá que ser financiado, por lo que seremos los ciudadanos quienes lo financiemos de forma directa o indirecta.

En este sentido, ya le informamos que el proyecto de Ley de Nacionalidad de los Sefardíes ya prevé una tasa de 75 euros para los trámites de nacionalidad de este colectivo. No hay tampoco que olvidar los expedientes de matrimonio, que si se realizan por los notarios, tendrán también aranceles.

La gratuidad, por tanto, es muy difícil por no decir imposible, y así lo vio también la Defensora del Pueblo.

También le dijimos que con esta medida se perderían miles de puestos de trabajo en la Administración de Justicia, porque el Ministerio tampoco es capaz de garantizar esas plazas, ni siquiera en su ámbito, por mucho que diga que lo hará

Por otra parte, le hicimos ver también que aunque los Registradores de la propiedad son funcionarios públicos (algo que está puesto en entredicho por la Unión Europea), sus empleados no lo son, por lo que se desvanecen las garantías de legalidad, imparcialidad y confidencialidad que informan la intervención de los funcionarios públicos.

Finalmente, hicimos ver a la Defensora del Pueblo que los funcionarios de Justicia tenemos sobrada experiencia en Registro Civil, que hemos venido demostrando desde hace siglo y medio, valor que el Ministerio desaprovecha ahora en una servicio tan sensible donde se manejan datos personales especialmente protegidos de los ciudadanos. Por ello le hemos dicho que abogamos por su mantenimiento dentro de la Administración de Justicia, servido por secretarios judiciales, gestores, tramitadores y auxiliares judiciales.

La Defensora del Pueblo tomó nota de todas nuestras manifestaciones, mostrándose muy interesada. Le pedimos que estudiase la posibilidad de interposición de recurso de inconstitucionalidad, a lo que se comprometió a valorar en el momento en que el Decreto ley sea convalidado en el Congreso como ley.

EL REGISTRO CIVIL DEBE SEGUIR SIENDO PÚBLICO Y EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. NO PERMITAS SU PRIVATIZACIÓN.

NO TE CONFORMES.

STAJ se reúne con los grupos parlamentarios para explicarle nuestra posición sobre la privatización del Registro Civil

STAJ, en unión de los sindicatos CSIF y UGT, está manteniendo desde hace varias semanas reuniones con los diferentes grupos parlamentarios para hacerle ver la gravedad de la situación en cuanto a la privatización del Registro Civil, que el gobierno ya ha puesto en marcha.

El pasado martes mantuvimos reunión con el Grupo IU, a quien trasladamos todas nuestras reivindicaciones en este sentido, habiéndosenos manifestado por sus representantes que comparten nuestra idea de mantenimiento del Registro Civil como un servicio dentro de la Administración de Justicia, y en este sentido nos ha pedido que le traslademos por escrito nuestras peticiones para hacer una enmienda a la ley que está en trámite de convalidación. También se ha comprometido a estudiar la interposición de recurso de inconstitucionalidad-

Hoy mantendremos reunión con la Defensora del Pueblo, para trasladarle también nuestras reivindicaciones. De su resultado informaremos en breve.

STAJ luchará contra la privatización del Registro Civil y por el mantenimiento de todos los puestos de trabajo

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Como hemos informado hoy, el Ministerio afirma que no dará marcha atrás en la entrega del Registro Civil a los Registradores Mercantiles.

Desde STAJ no creemos que el Registro Civil vaya a seguir siendo gratuito. De hecho, está pendiente de aprobación por el Congreso la Ley de Nacionalidad de los Sefardíes, para cuyos trámites los interesados tendrán que abonar una tasa de 75 euros por la tramitación del expediente. La primera, pues, en la frente. El coste, en todo caso, será sufragado por los ciudadanos, ya sea mediante incrementos de aranceles a medio plazo, mediante tasas, mediante subvenciones o directamente de los presupuestos.

Tampoco creemos que el Ministerio y las CCAA no tengan dinero para sostener el coste del servicio. Nos gustaría saber qué destino se está dando a los cerca de 700.000 euros que ya ha recaudado el Ministerio con las tasas judiciales en los dos primeros años de vigencia?

Tampoco creemos que vayan a respetarse todos los puestos de trabajo. Para ello, el Ministerio debería crear tantos puestos como se destruyen, en la misma localidad. Algo muy difícil de cumplir, si no es suprimiendo los refuerzos, perdiéndose puestos de trabajo sí o sí. Y, además, las CCAA no han garantizado nada, por lo que habrá que ver cuáles son capaces de rechazar el goloso caramelo de ahorrarse unos cuantos cientos de sueldos.

Diga lo que diga el Ministerio, los funcionarios públicos somos los únicos garantes de la legalidad, imparcialidad y confidencialidad de los datos. Es la esencia de la función pública. Las consecuencias administrativas y penales por incumplimiento de la legalidad se multiplican en el caso de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. Los trabajadores de los Registros no son funcionarios.

La experiencia, especialización y conocimientos de los funcionarios de Justicia en materia de registro civil se ha venido demostrando año tras año desde hace siglo y medio. El Ministerio rechaza este indudable valor y lo desaprovecha, sin ninguna justificación.

La carencia de medios personales y materiales es la única causa de que los Registros civiles no hayan funcionado todo lo bien que se hubiera deseado y de las numerosas quejas que han hecho que sea el servicio peor valorado (con carácter general) dentro de los que presta la Administración de Justicia. Afirmar que sacando el Registro Civil de la Administración de Justicia mejorará el servicio es un insulto a los funcionarios que durante años se han dedicado a paliar las deficiencias que los responsables políticos no han solucionado nunca por su absoluta ineptitud. Las inversiones realizadas no han servido para nada, porque después de gastarse el Ministerio un dineral en el programa INFOREG y en la digitalización de los libros registrales, nuestros políticos se inventan una ley (es cierto que no el gobierno actual, sino el anterior, pero con su beneplácito), que instaura un modelo incompatible con esa aplicación informática. Varios millones de euros tirados a la basura. Ya podían habérselo pensado antes de malgastar el dinero público.

STAJ sigue apostando por el mantenimiento del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, servido por funcionarios de Justicia. LUCHAREMOS CON TODOS LOS MEDIOS A NUESTRO ALCANCE PARA QUE ASÍ SEA. Intensificaremos las movilizaciones y llegaremos, con el consenso de todos, a la CONVOCATORIA DE HUELGA si es preciso.

 

CÁDIZ: STAJ entrega al Consejero de Justicia escrito denunciando las mayores carencias de la Justicia en Cádiz

En el día de hoy, aprovechando la presencia del Sr. Consejero de Justicia en los Juzgados de Jerez, el sindicato STAJ ha hecho entrega al Sr. LLera de un escrito, en el que además de plantearle cuestiones de carácter general sobre la situación de la Justicia en Andalucía, se le ponen de manifiesto algunas de las más graves carencias en materia de personal y de infraestructuras judiciales en Cádiz y su provincia.

Le hemos constatado que la decisión por parte de la Dirección General de no cubrir las plazas por bajas de IT hasta pasados tres meses está suponiendo un gran caos en los Juzgados, dado que por la situación geográfica de Cádiz, el volumen de trabajo en periodo estival aumenta considerablemente.

Le hemos enumerado una gran lista de deficiencias y también le hemos trasladado nuestra gran preocupación por el deterioro de algunas sedes judiciales, como San Fernando, San José, Palacio de Marzales, alguna de ellas con una espera de más de nueve años para solucionar su ubicación.

El Sr. LLERA ha recogido nuestro escrito y se ha comprometido a hacer un estudio minucioso de la situación que atraviesan algunos Juzgados de la provincia de Cádiz.

Respecto al tema de reordenación de efectivos, se ha comprometido en que se hará de la manera menos perjudicial para nuestro colectivo y que no será una medida tomada a la ligera, como en principio pudo parecer.

Anteproyecto Ley Orgánica del Poder Judicial: Atentado a los derechos de los funcionarios de Justicia

Mañana día 10 de julio se celebra mesa sectorial para la negociación de los cambios en el estatuto jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia introducidos en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.

Recordemos que durante los últimos dos meses se han venido celebrando reuniones de mesa de trabajo donde STAJ ha presentado alegaciones y propuestas en relación con el articulado del Anteproyecto que se hizo público a principios de abril. STAJ también ha presentado informe al Anteproyecto, en cumplimiento del trámite de audiencia que le ha sido conferido al efecto, de todo lo cual ya hemos informado en anteriores notas informativas.

El Ministerio nos ha remitido junto con la convocatoria un borrador con algunas modificaciones que pretende hacer al texto original del Anteproyecto. Ese borrador no recoge casi ninguna (por no decir ninguna) de las alegaciones y propuestas que ha realizado STAJ, y sigue constituyendo un serio ataque a los derechos de los funcionarios de Justicia, instaurando el recurso a la movilidad geográfica obligatoria como una forma ordinaria de cobertura de puestos de trabajo.

Con el Anteproyecto, desaparecen los partidos judiciales y los juzgados de paz, y paralelamente desaparecen prácticamente todos los centros de destino previstos en la Ley Orgánica actual, pues se considerará a partir de ahora centro de destino todas las Unidades Procesales de Apoyo Directo a Jueces y todos los Servicios comunes procesales de una misma provincia, sin que se considere cambio de destino el cambio de un servicio común a otro. Ello significará, en la práctica:

• Que podrán movernos de un servicio a otro, y de una unidad a otra, de forma ordinaria sin ningún control, y ni siquiera tendrán que justificarlo por “las necesidades del servicio”. La reorganización de los servicios y unidades y la reubicación de los funcionarios dentro de ellos dependerá única y exclusivamente de la voluntad del Director o Jefe de turno.
• Que de forma ordinaria, sin ningún control y sin ningún tipo de contraprestación, se abre la posibilidad de mover a los funcionarios de una sede a otra, incluso con cambio de municipio, siempre dentro de la misma provincia.
• Que a medio plazo, buena parte de las sedes judiciales de partidos judiciales irán desapareciendo, desplazándose a las capitales de provincia, y los funcionarios destinados en ellas también.
• Que al desaparecer los Juzgados de Paz, se perderán miles de plazas de la plantilla orgánica, y sus funcionarios titulares (los interinos serán cesados), se adscribirán a los servicios comunes de forma forzosa, lo que supone además cambio de municipio al desaparecer el puesto de trabajo.

Las consecuencias que traerá consigo la nueva ley son desastrosas para los funcionarios, nos obligarán a desplazarnos sin contraprestación alguna y perderemos todos los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral. Muchos interinos perderán sus puestos de trabajo. Las Relaciones de Puestos de Trabajo no servirán para nada pues podrán removernos del puesto sin más límite que la provincia y sin ningún control y por supuesto sin contraprestación, lo que provocará que todos seamos “muy obedientes” y acatemos las órdenes “sin hacer ningún ruido”, riéndole las gracias al jefe de turno.

El texto también supone un endurecimiento de la promoción interna, que a partir de ahora no queda en absoluto garantizada, rompiendo así el derecho a la promoción profesional de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

Se mantiene un durísimo régimen disciplinario, incumpliendo así el Ministerio nuevamente el acuerdo al que llegó con todas las organizaciones sindicales hace ya casi siete años.

Por todo ello STAJ rechaza el nuevo borrador que nos ha remitido el Ministerio, que no cambia casi nada respecto al anterior, y hemos presentado escrito de queja recordando al Ministerio todas las peticiones que hemos hecho, para que recapacite y traiga a la mesa sectorial un nuevo texto que respete los derechos del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Todas las propuestas de STAJ tratan de salvaguardar los derechos de los funcionarios y mejorar sus condiciones de trabajo, pero el Ministerio sigue haciendo oídos sordos, por lo que si en el transcurso de la mesa sectorial no hay ningún avance, nos veremos obligados a convocar movilizaciones ante lo que podría suponer el peor retroceso en los derechos y condiciones laborales de los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia que haya existido jamás.

El Ministerio privatiza el Registro Civil

Como ya STAJ ha informado en los últimos días, el Consejo de Ministros dio el viernes el visto bueno al proyecto del Ministro Gallardón de privatizar el Registro Civil.

Ignorando las peticiones realizadas desde muchos sectores, incluidos los propios Registradores de la Propiedad y Mercantiles, el Gobierno ha introducido en el Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, varias disposiciones adicionales decretando la prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, del Registro Civil, adjudicando su gestión al Registro Mercantil, que pasará a denominarse Registro Civil y Mercantil.

La desfachatez del Ministerio en este asunto es lamentable, demostrando su absoluta falta de lealtad hacia todos los colectivos implicados en la llevanza del Registro Civil y especialmente su falta de respeto a los funcionarios y funcionarias de Justicia, a quienes se nos ha negado la información una y otra vez y con quienes no se ha negociado absolutamente nada en cuanto al futuro del personal afectado por la desaparición del Registro Civil como centro de destino en la Administración de Justicia.

STAJ ha abogado siempre por el mantenimiento del Registro Civil como un servicio dentro de la Administración de Justicia, aun sin estar servido por jueces, y sobre todo ha exigido en todo momento el mantenimiento de los puestos de trabajo de la plantilla orgánica adscrita a Registro Civil. El Ministerio se ha limitado a afirmar (ya tampoco nos creemos esto) que garantiza el mantenimiento de esos puestos de trabajo “para su ámbito”. Pero, ¿qué pasa en los ámbitos gestionados por las CCAA con competencias en materia de Justicia? El Ministerio se lava las manos y no dice nada a este respecto, por lo que mucho nos tememos que las CCAA hará lo que les venga en gana, como nos tienen acostumbrados.

STAJ VA A CONVOCAR MOVILIZACIONES contra la privatización del Registro Civil, exigiendo el mantenimiento de este servicio dentro de la Administración de Justicia y que no se pierda ni un solo puesto de trabajo, no sólo en el ámbito del Ministerio, sino en TODA ESPAÑA.

Convocada Mesa sectorial Ministerio

El Ministerio nos ha convocado a la mesa sectorial que se celebrará el próximo día 10 de julio, para la negociación del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.

Recordemos que durante los últimos dos meses se han venido celebrando reuniones de mesa de trabajo donde STAJ ha presentado alegaciones y propuestas en relación con el articulado del Anteproyecto que se hizo público a principios de abril. STAJ también ha presentado informe al Anteproyecto, en cumplimiento del trámite de audiencia que le ha sido conferido al efecto, de todo lo cual ya hemos informado en anteriores notas informativas. (Puedes acceder a la información al respecto pinchando AQUÍ)

El Ministerio nos ha remitido junto con la convocatoria un borrador con algunas modificaciones que pretende hacer al texto original del Anteproyecto. Ese borrador no recoge casi ninguna (por no decir ninguna) de las alegaciones y propuestas que ha realizado STAJ, y sigue constituyendo un serio ataque a los derechos de los funcionarios de Justicia, instaurando el recurso a la movilidad geográfica obligatoria como una forma más de cobertura de puestos de trabajo. Por ello lo rechazamos de plano, y hemos presentado escrito de queja recordando al Ministerio todas las peticiones que hemos hecho, para que recapacite y traiga a la mesa sectorial un nuevo texto que respete los derechos del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Todas las propuestas de STAJ tratan de salvaguardar los derechos de los funcionarios y mejorar sus condiciones de trabajo, pero el Ministerio sigue haciendo oídos sordos, por lo que si en el transcurso de la mesa sectorial no hay ningún avance, nos veremos obligados a convocar movilizaciones ante lo que podría suponer un duro retroceso en los derechos y condiciones laborales de los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.

MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA JUSTICIA PARA TODOS

Julio de 2014

Con fecha 3 de diciembre de 2012 se constituyó la Plataforma Justicia para Todos, con la finalidad de defender con todos los medios democráticos a su alcance, los bienes y servicios básicos, el Estado de bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía, así como poner de manifiesto el rechazo a todas las reformas que tengan una incidencia negativa en el derecho de defensa de todas las personas, recortando el acceso a la justicia restringiendo los derechos y libertades de los ciudadanos, y haciendo retroceder el Estado de Derecho.

Ante las últimas reformas y proyectos legislativos la Plataforma MANIFIESTA:

· Toda reforma en el ámbito de la justicia debe estar al servicio de la ciudadanía para la plena efectividad y reconocimiento de los derechos y libertades que establece la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

· El acceso a la justicia por parte de los ciudadanos debe ser gratuito como proclama la Constitución, y no son admisibles en un Estado Social y Democrático de Derecho, restricciones que limiten el derecho a la tutela judicial efectiva, y que disuadan al ciudadano de litigar en la defensa de sus derechos e intereses.

· Las reformas legales deben garantizar la agilización de los procedimientos para obtener una respuesta efectiva sobre los derechos e intereses en disputa en un tiempo razonable.

· Toda iniciativa legal debe estar al servicio de garantizar los derechos de la ciudadanía ante la justicia sin que sean admisibles restricciones presupuestarias que deterioren la prestación del servicio por falta de recursos personales y materiales.

· Las reformas deben garantizar la independencia de los jueces y magistrados, la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos ciudadanos del Ministerio Fiscal, la objetividad e imparcialidad en el desempeño de las funciones públicas en el ámbito de la Administración de Justicia, y el reconocimiento y garantía del ejercicio de colaboración con la justicia de los profesionales del derecho, así como la protección y reconocimiento de los intereses colectivos de las organizaciones y entidades ciudadanas que representan a los ciudadanos.

· Las reformas, por último, deben desarrollarse conforme al principio de participación ciudadana en el servicio de la justicia, para hacer efectivo el principio constitucional que reconoce a los ciudadanos la participación en la vida política, económica, cultural y social.

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REUNIÓN DE STAJ CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

STAJ junto con Csif y Ugt ha mantenido esta semana reunión con el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, a fin de trasladarle la preocupación existente de nuestro colectivo con el anteproyecto de reforma de la LOPJ y especialmente con aquellos puntos que afectan directamente a los funcionarios de justicia y sus condiciones de trabajo, particularmente la desaparición de partidos judiciales y juzgados de Paz y la nueva consideración de la Provincia como centro de destino. Esta reunión se enmarca dentro de las múltiples reuniones y otras actuaciones que STAJ está realizando para lograr la modificación de un texto que perjudica gravemente los derechos de los funcionarios de Justicia.

Junto a otras cuestiones prioritarias para todos nosotros (condiciones de trabajo, conciliación de la vida laboral y familiar si fuerzan a los desplazamientos a otras sedes dentro de la provincia) STAJ en ha trasladado al Presidente del CGPJ nuestra oposición radical a la desaparición de los Partidos Judiciales y los Juzgados de Paz, al carácter provincial de los centros de destino y a la movilidad geográfica forzosa. Hemos mostrado al Presidente del CGPJ nuestra oposición a la nueva organización judicial pues supone el alejamiento de la Justicia del ciudadano, haciéndola muy inaccesible especialmente para aquellos con menos medios y que más dificultades tienen para desplazarse a las capitales, además de suponer un riesgo evidente de movilidad geográfica forzosa para los funcionarios.

El presidente del CGPJ ha mostrado su conformidad con algunos de los puntos expuestos y nos ha informado de que efectivamente el CGPJ ha efectuado un informe favorable al anteproyecto “pero con matices” y ha tomado nota del problema que supondría este cambio en los centros de destino de los funcionarios y la desaparición de los Juzgados de Paz. En este sentido, el presidente del CGPJ considera adecuada la desaparición de los Jueces de Paz, pero está conforme con la alternativa propuesta por STAJ de que se mantengan estas sedes judiciales pero con otra denominación, conservando los funcionarios de justicia destinados en ellas, lo que sin duda colaboraría con la cercanía de la justicia a los ciudadanos.

También hemos tratado el problema del Registro Civil, y nos ha comunicado que en el CGPJ no tienen ninguna comunicación oficial. STAJ ha expuesto su propuesta de que el Registro Civil esté servido por Secretarios Judiciales y funcionarios de Justicia de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, manteniéndose como un servicio dentro de la Administración de Justicia, algo a lo que el Presidente del CGPJ ha mostrado también su conformidad.

Os recordamos la postura de STAJ:

• Nos oponemos a la instauración de los Tribunales provinciales de Instancia y la desaparición de los partidos judiciales, con la consideración de la provincia como centro de destino único.

• Nos oponemos a la desaparición de los Juzgados de Paz, que podría suponer la pérdida de más de 4.000 puestos de trabajo en la plantilla orgánica en toda España. Abogamos por la potenciación de las funciones de la Justicia de Paz.

• Pedimos que se establezcan mecanismos de reparto equitativo del trabajo, que no impliquen la necesidad de iniciar procesos de movilidad obligatoria de los funcionarios.

• Nos oponemos a la privatización de los Registros Civiles.

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STAJ presenta informe al Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial

STAJ se opone a la desaparición de los Partidos Judiciales y los Juzgados de Paz, al carácter provincial de los centros de destino y a la movilidad geográfica forzosa, aparejados a los Tribunales Provinciales de Instancia previstos en el Anteproyecto.

En cumplimiento del trámite de audiencia conferido por el Ministerio de Justicia, STAJ ha presentado informe al Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por el Gobierno.

Este informe se une a las alegaciones que se han ido efectuando al articulado en el seno de los Grupos de trabajo para la negociación de los Libros V y VI del texto, relativos al estatuto jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia, incluido el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (los actuales secretarios judiciales)

En el informe y en las alegaciones hacemos observaciones también a diversos puntos del texto que aun no estando incluidos dentro de esos Libros V y VI, consideramos que son de vital importancia y que entendemos que también afectan a las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia. Así, en resumen, entre otras cuestiones, hemos formulado alegaciones a los siguientes puntos:

· Sobre la nueva organización judicial: La nueva organización supone el alejamiento de la Justicia del ciudadano, haciéndola muy inaccesible especialmente para aquellos con menos medios y que más dificultades tienen para desplazarse a las capitales, además de suponer un riesgo evidente de movilidad geográfica forzosa para los funcionarios.

• Nos oponemos a la instauración de los Tribunales provinciales de Instancia.
• Nos oponemos a la desaparición de los partidos judiciales.
• Nos oponemos a la desaparición de los Juzgados de Paz, que podría suponer la pérdida de más de 4.000 puestos de trabajo en la plantilla orgánica en toda España. Abogamos por la potenciación de las funciones de la Justicia de Paz.
• Pedimos que se establezcan mecanismos de reparto equitativo del trabajo, que no impliquen la necesidad de iniciar procesos de movilidad obligatoria de los funcionarios.

· Sobre la Oficina Judicial y la provisión de puestos de trabajo: La organización judicial prevista en el Anteproyecto de LOPJ lleva aparejada la consideración de la provincia como un único centro de destino para los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, y de ahí su riesgo, pues implica la posibilidad de movilidad geográfica forzosa, atentando gravemente a su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.

• Exigimos que los centros de destino tengan carácter municipal, y nunca provincial.
• Los centros de destino deben ser, entre otros, las UPADs de cada municipio, y dentro de estos, los puestos genéricos deben diferenciarse, al menos, por jurisdicciones. Del mismo modo, cada servicio común (y no el conjunto de ellos) debe ser considerado centro de destino.
• Deben existir oficinas judiciales (UPADs y en su caso Servicios comunes) en cada municipio donde actualmente hay sede de Partido Judicial y en las localidades que actualmente cuentan con Juzgado de Paz o Agrupación, servidos por funcionarios de Justicia.
• Abogamos por el establecimiento de mecanismos de sustitución o suplencias voluntarios y retribuidos, así como una mejor regulación de las comisiones de servicio.

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Sentencia TSJ de Cataluña contra los servicios mínimos huelga 2013: La Justicia nos da la razón pero llega tarde

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha dictado SENTENCIA estimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Comité de Huelga ref.V-108/2013, STAJ, CSIF, CCOO y UGT contra la Orden EMO251/2013 de 18 de octubre del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, que modificaba la Orden EMO 242/2013 de 11 de octubre, de servicios esenciales de la Huelga.

Entre otras razones la sentencia dice literalmente:

- “Podemos afirmar que el aumento de servicios mínimos se rebela como una medida directamente encaminada a cercenar el derecho fundamental de Huelga…”

Por si una no era bastante, el TSJ ha dictado una segunda sentencia en el mismo sentido resolviendo los recursos interpuestos por CCOO y UGT de manera separada a la anterior.

La sentencia es clara, rotunda y constituye un auténtico estirón de orejas a los responsables del Departament de Justícia y del Departament d’Empresa i Ocupació, ante la Huelga convocada por los sindicatos STAJ, CSIF, COO y UGT. Extractamos algunas partes de la misma:

- “Que la administración demandada va contra sus propios actos al modificar en fecha 18 de octubre unos servicios mínimos fijados de común acuerdo por los representantes sindicales el 11 de octubre del mismo mes y año, y sin que existiera ninguna circunstancia ni objetiva ni subjetiva que justificara el cambio de criterio.”

- “Considera asimismo que la Orden impugnada es nula de pleno derecho por falta de motivación, pues entiende que no justifica adecuadamente las causas determinantes del aumento de servicios mínimos”

- “se alega la falta de proporcionalidad de los servicios mínimos ampliados, y se niega la incidencia que sobre el hecho a la tutela judicial efectiva tenía la huelga desarrollada con los servicios mínimos pactados con los representantes de los trabajadores. Y así mismo, se afirma que los nuevos servicios mínimos suponen que prácticamente se anule el derecho fundamental de huelga.”

- “Podemos afirmar que el aumento de servicios mínimos se rebela como una medida directamente encaminada a cercenar el derecho fundamental de Huelga…”

- “Por otra parte, llama la atención que la administración de la Generalitat aprecie la complicada situación que padecen los Registros civiles de Catalunya por la gran cantidad de expedientes de nacionalidad a consecuencia de la población extranjera que vive en Catalunya, precisamente entre el 11 de octubre de 2013 y el 18 de octubre de 2013. Desconociéndose si es que antes de la primera fecha ignoraba tal situación…”

- “Finalmente, se recuerda que no se dio trámite para alegaciones antes de aprobar los nuevos servicios mínimos y que el órgano que aprobó la nueva Orden carecía de competencia para ello.”

El TSJ impone a la Administración demandada las costas, que desgraciadamente pagaremos entre todos cuando hay responsables claros del Departament de Justícia y del Departament d’Empresa i Ocupació, que deberían asumir su responsabilidad y dimitir en consecuencia.

Protesta de STAJ en el acto de conmemoración del 25 aniversario del TSJA

Este lunes día 19 de mayo ha tenido lugar la “celebración” en la Sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de los 25 años de su creación, acto al que asistió, junto a otros muchos Altos Cargos, la Presidenta de la Junta de Andalucía. STAJ ha protestado a la entrada de este acto, pues nos parece un insulto que se siga gastando dinero público en eventos que no sirven para nada y suponen costosos gastos en desplazamiento, escoltas y ágapes, mientras a los funcionarios de Justicia se nos siguen recortando salarios y derechos, que padecemos desde el año 2010, no sólo los funcionarios, sino toda la ciudadanía en general. Estamos aquí porque creemos que la Justicia no está para fiestas. Todos los ciudadanos debemos pedir la recuperación de todo lo perdido ya que están obstaculizando el acceso a la Justicia de los ciudadanos".

Ver noticia en:

 http://www.elmundo.es/andalucia/2014/05/19/537a49daca4741870b8b458f.html