STAJ informa. Prensa Granada: La cruzada de los funcionarios “antidesahucios”

Noticia publicada en El Ideal de Granada

Algo tan sencillo como echar un garabato en un papel puede ayudar a que una familia que se encuentra al borde del desahucio vea la luz al final del túnel. Ese garabato conduce a que se activen los servicios sociales y todos los recursos previstos para situaciones de este tipo que, aunque parezca insólito, no se ponen en marcha de manera automática cada vez que un juzgado ordena un desalojo.

Un grupo de funcionarios de justicia de Granada se ha puesto manos a la obra para corregir esa carencia y ha elaborado un protocolo para que cada ciudadano que va a ser lanzado de su vivienda reciba una atención rápida y eficaz por parte de los servicios sociales de su municipio o de la Junta.

En un año de funcionamiento han logrado que casi 40 familias salgan airosas de la peor amenaza posible: quedarse en la calle. Sin embargo, sostienen que la Junta de Andalucía no está por la labor de extender este sistema al resto de la comunidad autónoma. La Consejería de Justicia acogió con buenos ojos una iniciativa que ya ha obtenido el respaldo explícito del juez decano de Granada o el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero no termina de dar luz verde a su aplicación generalizada a cada caso de desahucio.

«Este sistema, lejos de incrementar los gastos, supone un ahorro para la administración»

«Cuando un procedimiento de desahucio o de ejecución hipotecaria concluye en desalojo, ¿no se puede hacer algo más? A lo mejor existen otras alternativas para que las familias no se queden en la calle. ¿No es posible hablar antes con los servicios sociales?». Preguntas y reflexiones de este tipo se formula Miguel Ángel Herrera, uno de los funcionarios que decidió dar un paso más y desmentir la tópica imagen de apatía y desinterés que adorna a los de su gremio.

«Desde que el juzgado ordena el lanzamiento hay un mes de margen. Lo habitual es que la persona que se ve afectada por algo así comience un peregrinaje por distintos sitios, como Ayuntamiento o Colegio de Abogados, en el que se siente perdida y amenazada por los plazos. Nuestra intención es que los recursos se movilicen y vayan en su busca, en lugar de al contrario», expone Miguel Esteban, otro de los inquietos funcionarios que están detrás del protocolo de información y coordinación en materia de desahucios.

¿Cómo se materializa la idea? Muy sencillo. Se trata de que cuando el funcionario notifique a una familia que se va a producir el lanzamiento, acompañe un anexo para que el afectado autorice al juzgado a trasladar su caso a los Servicios Sociales, que después se pondrán en contacto con él para ver qué necesidades tiene y cómo se le puede ayudar.

«No queremos colgarnos ninguna medalla. El 'copyright' es suyo, si lo quieren»

«Consiste en poner en marcha el mecanismo. Si existen recursos, no se puede esperar a que el ciudadano los pida porque en algunos casos están desesperados», añade Herrera. El protocolo ha dado ya sus frutos en Granada capital después de que en diciembre de 2013 se firmase un acuerdo entre el Ayuntamiento y el juez decano.

El mecanismo que se moviliza con el plan de estos funcionarios no interfiere en el proceso abierto con los tribunales pero abre la puerta a una posible solución, desde información sobre posibles bonificaciones económicas a una oferta para ingresar en el registro de demandantes de vivienda o una ayuda de 900 euros repartidos en tres meses, por ejemplo. «El catálogo de servicios es amplio y con frecuencia se quedan sin utilizar por desconocimiento. El juzgado puede servir de intermediario con otras instituciones que se enteran del desahucio demasiado tarde. No podemos permanecer impasibles», remarca.

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STAJ informa. Córdoba: sindicatos exigen cien plazas más de funcionarios

Exigimos, además la implantación de la guardia de 24 horas.

STAJ, junto con el resto de sindicatos integrantes de la Junta de Personal de la Administración de Justicia en Córdoba, ha presentado al Presidente de la Audiencia Provincial las necesidades más urgentes en materia de personal para Córdoba y su provincia, calculando que son necesarias cien plazas más de funcionarios. En Córdoba sólo existen 17 refuerzos, que realmente no cumplen su función de apoyar al Juzgado, sino que lo que hacen es suplir la insuficiencia de las plantillas de los órganos judiciales.

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Diario Córdoba: Los sindicatos reclaman100 plazas para paliar el déficit en los Juzgados

STAJ informa. Prensa Málaga: Las 'ofertas' para luchar contra las cláusulas suelo asfixian más los juzgados

En solo un mes los dos Mercantiles de Málaga han recibido el volumen de asuntos que les corresponde para todo un año, la mayoría, demandas contra los bancos.

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http://www.malagahoy.es/article/malaga/1957895/las/ofertas/para/luchar/contra/las/clausulas/suelo/asfixian/mas/los/juzgados.html

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de la Justicia (STAJ) solicitaba esta misma semana a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía la creación de nuevos juzgados de lo Mercantil en toda la comunidad autónoma, además de un complemento retributivo para el personal de éstos por la acumulación de asuntos y la carga de trabajo que soportan en consecuencia. El portavoz andaluz del sindicato, Juan Antonio Luque, comenta que la entrada de casos relacionados con cláusulas suelo están creciendo de manera exponencial en los dos juzgados malagueños, "por lo que se prevé que el atasco sea mayor". De hecho esta misma semana, el 4 de febrero, afirma que se recibieron 200 demandas por este motivo. "Se están cuadruplicando las cargas máximas de trabajo en cada uno de los dos órganos mercantiles, por lo que parece lógico pensar que mantener la misma plantilla de funcionarios y aumentar tan solo un juez en cada juzgado es hacer una operación de lavado de imagen sin tener en cuenta la realidad". "Se necesitan un mínimo de 2 o 3 juzgados más de esta materia para dar una respuesta mínimamente decente a los ciudadanos", sentencia. Luque explica que los señalamientos para la audiencia previa se están haciendo para junio de 2017. La audiencia previa es el acto en que se proponen pruebas y documentos y se intenta que banco y cliente adopten un acuerdo. Pero no suele dar resultados positivos, por lo que hay que señalar una nueva fecha para el juicio, esperar la sentencia y los posibles recursos ante la Audiencia Provincial antes de tener una sentencia firme. Un proceso que estima se puede alargar dos años más.

STAJ informa. STAJ contesta al Presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz.

En una Conferencia ofrecida en el “Foro de Cádiz” el pasado 5 de febrero, publicada en Diario de Cádiz, el Presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz reclamaba un “pacto por la justicia”, planteando que el futuro de la Justicia debe ser con menos pleitos, con más acuerdos entre litigantes y con más jueces, afirmando que "No hacen falta más funcionarios ni más Juzgados. Hacen falta más jueces". Puedes ver la noticia publicada en Diario de Cádiz pinchando AQUÍ.

Ante estas manifestaciones, STAJ, por medio de nuestro portavoz en Andalucía, Juan Antonio Luque, contestamos lo siguiente:

Después de una lectura detallada de las manifestaciones del Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, vertidas en el Foro de Cádiz y publicadas en prensa y tras un proceso que ha pasado del estupor a la indignación y de ahí a la firmeza y la necesidad de contraponer a estas declaraciones la sensatez, serenidad y la clase que es exigible en una intervención pública, como representante de los funcionarios y portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia quiero acotar algunas afirmaciones que entendemos erróneas.

Para ello partiré de una premisa parafraseando al tristemente célebre semanario satírico Charlie Hebdo, “YO SOY FUNCIONARIO, ESTÁ PERDONADO”. Está premisa es compartida sin duda por muchos compañeros de la Justicia andaluza, que no pueden por menos que pensar que el Sr. Estrella ha tenido una mala tarde.

Entrando en materia parece tardío reclamar como novedoso ese gran pacto por la Justicia del que habla el Sr. Estrella, que lleva siendo imprescindible 30 años, y debe empezar por la independencia judicial, de la que no oímos hablar a este señor. Para ello debe, en primer lugar, hablar del manoseo político sobre los cargos judiciales y los Altos Tribunales. Como máxima expresión resalta la elección del Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros son repartidos por los grupos políticos cual cromos en un macabro juego de poder.

Para ser honesto hay que ser independiente y algunos no lo son, hay que empezar barriendo su casa en primer lugar, sin guardar los trapos sucios y mucho menos cargar miserias propias en casa ajena.

La gran reforma propuesta por este señor no pasa por más funcionarios. Recuerdo que tanto él como yo somos funcionarios, opositores, en distinta escala por supuesto. Sin embargo, aclarado este lapsus, se refiere a que no son necesarios remeros que salven la embarcación a la deriva que es la Justicia sino timoneles.

Nos propone que no son necesarios más Juzgados y mucho menos que estén cerca del ciudadano. No es esto lo que se proponía en un exhaustivo informe propuesto en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2008 donde se imponía la necesidad de incrementar en 553 plazas la plantilla de funcionarios (de los de remar, no timoneles), sin embargo en sucesivas memorias posteriores, de 2010 en adelante, se cambia el rumbo basándose en un estudio europeo, del que se desconoce las fuentes y ajeno a la realidad de la justicia andaluza se opta por la solución de redistribuir funcionarios de los Cuerpos Generales y crear plazas de funcionarios de alto copete (timoneles=jueces). Estas derivas, curiosamente en plena crisis económica y política, ahondan más en la sensación de sálvese quien pueda que dan nuestros cargos jurídico-políticos.

En cuanto a la cercanía de la justicia a los ciudadanos, nos habla de las buenas comunicaciones de que disponemos los andaluces. Cierto es que han mejorado mucho en los últimos años, si bien también parece cierto que la calidad de la Justicia debe ser un criterio aplicable y deseable para con el ciudadano y la calidad pasa entre otros aspectos por la cercanía y las instalaciones (nada dijo de las desastrosas condiciones que tienen multitud de edificios judiciales, ¿quizás porque es la Junta de Andalucía quien tiene competencias sobre ellos?). No parece que imponer tasas, en muchos casos abusivas, y alejar la Justicia del ciudadano sea la mejor opción en un país democrático.

Quizás lo más llamativo sea la petición de mando en plaza sobre el resto de funcionarios, ¿de quién depende el personal?. Fácil Sr. Estrella, Vd del Consejo General del Poder Judicial, como Juez, como cargo no sabemos cuál será su dependencia. Los remeros, el resto de compañeros suyos, funcionarios como Vd, dependemos en el ámbito de la dirección de nuestra ordenación laboral a la Junta de Andalucía dentro de los Cuerpos Generales de la Administración de justicia que son nacionales dado el carácter único del Poder Judicial y los Cuerpos Generales a su servicio.

Resulta grosero recordar cuando los trabajadores de los Juzgados llevaban el café a sus señorías a sus despachos, o cuando se contrataban los trabajadores a dedo y ese dedo vestía toga. Y como resulta grosero arrojar basura sobre compañeros funcionarios no lo haré, pero si le recordaré la Constitución española que nos dice que los Jueces juzgarán y harán ejecutar lo juzgado. Bonita labor sin duda, exenta de responsabilidad de dirección sobre el personal del Juzgado.

En definitiva, jugar a minusvalorar al funcionario es injusto y en un cargo judicial incluso indigno y mucho más si se contrapone la dignidad y necesidad de aumentar el personal exclusivamente de su propia “condición”. No juegue usted, señor, a desacreditar al funcionario.

Desde la sensatez, serenidad y la clase que es exigible en una intervención pública le reitero “YO SOY FUNCIONARIO, ESTA PERDONADO”.

STAJ informa. STAJ exige una solución para los Juzgados de lo Mercantil

STAJ lleva meses denunciando en prensa la situación de los Juzgados de lo Mercantil de toda Andalucía (ver algunos ejemplos de estas denuncias AQUÍ y AQUÍ). También hemos formulado denuncias ante el servicio de prevención de riesgos laborales por la situación de extrema sobrecarga de trabajo en algunos de estos Juzgados, completamente inasumible con los medios actuales.

En los últimos años el volumen de asuntos que ingresan no ha dejado de crecer, como se recoge en las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía e incluso en informe del Consejo General de Poder Judicial.

Los datos porcentuales sobre superación de los módulos máximos que establece el CGPJ son sencillamente sonrojantes. STAJ ha reiterado en múltiples ocasiones que no puede mantenerse una justicia que pretende responder a las necesidades de los ciudadanos, con un nivel de saturación que dilata los procedimientos de tal forma que lleva a los justiciables a carecer de una verdadera respuesta de la Administración de Justicia, que pone en duda, por dilación, la verdadera tutela de los derechos de los ciudadanos.

Por ello, STAJ ha vuelto a exigir a la Consejería la creación de más Juzgados de lo Mercantil, y que se estudien las circunstancias específicas del trabajo, siempre complejo, de este tipo de órganos, de cara a buscar una solución definitiva y satisfactoria para todos ellos, con reconocimiento retributivo adecuado a esas concretas circunstancias específicas.

Los Mercantiles no son los únicos Juzgados con sobrecarga extrema de trabajo, aunque sin duda su caso es ya escandaloso. STAJ se ha dirigido recientemente a los grupos parlamentarios poniéndoles de manifiesto la situación en los Juzgados de lo Penal, de lo Social, y de Primera Instancia, así como de una gran parte de Juzgados mixtos a lo largo de toda la geografía andaluza. Todo ello requiere soluciones que esperemos que los partidos políticos no sólo las incluyan como promesas en sus programas políticos sino que, de una vez por todas, las lleven a verdadero efecto.

STAJ informa. Prensa Málaga: STAJ reclama la creación de más Juzgados de lo Mercantil

Desde 2008 no se crean juzgados y la situación en muchos casos llega a ser extrema. Así sucede con los Juzgados de lo Mercantil, según denuncia STAJ.

«Hacen falta cuatro juzgados y no dos en esta especialidad, porque la Nueva Oficina Judicial se está demorando y desde 2009 no se crean más órganos judiciales pese al crecimiento exponencial de las demandas. En Mercantil dos hay un juez de refuerzo y en el uno también, además de un funcionario que se encarga de Aifos, medios a todas luces insuficientes», precisa el secretario provincial del STAJ, Juan Antonio Luque.

«Con apoyos puntuales no arreglamos nada. Son necesarios nuevos órganos con jueces, secretarios y funcionarios», precisa.

STAJ ha denunciado también que como consecuencia de la insuficiencia de órganos judiciales, las audiencias previas para asuntos como, por ejemplo, las cláusulas suelo, se estén señalando a dos años y medio vista.

Según datos recabados por el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), en el Juzgado de Mercantil número 2 las vistas previas se están señalando para abril de 2017 y en Mercantil 1, para mayo de ese año.

En lo que va de ejercicio, han entrado 150 demandas de cláusula suelo en uno de los órganos (el 1), y el módulo aconsejado de carga de trabajo es de 300 al trimestre. «A ese ritmo, en lugar de 1.200 asuntos relativos a cláusulas suelo, que es el módulo de todo el año para un órgano mercantil, habría 4.000 procedimientos», precisa el responsable del sindicato en Málaga.

Ver las noticias completas:

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/01/19/sindicatos-reclaman-creen-nuevos-juzgados/737006.html

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/01/19/audiencias-previas-clausulas-suelo-fijan/737004.html

STAJ informa. Prensa: Alarma en los Juzgados de Marbella por un trabajador con legionela

Noticia publicada en Diario La Opinión de Málaga

Los test realizados en los sistemas de refrigeración descartan la existencia de la bacteria .

La confirmación de que un trabajador del edificio de los juzgados de Instrucción de Marbella, ubicados en la avenida del Mayorazgo, está infectado de legionela ha disparado las alarmas entre sus compañeros, informaron ayer dos fuentes judiciales distintas. Según explicaron, el afectado se fue de vacaciones el día 25 de diciembre y debía incorporarse el 8 de enero, pero fue ingresado el 31 en un centro hospitalario tras encontrarse mal. Ya está en casa recuperándose, aunque, en principio, los test hechos en los sistemas de refrigeración no han encontrado rastro de la temida bacteria.

Rápidamente, se activaron los protocolos y todo se ha llevado con absoluto sigilo. El afectado se fue a pasar unos días a otra comunidad autónoma, por lo que los técnicos sanitarios se han centrado en buscar el foco de la infección, provocado por una bacteria que habita en los sistemas de conducción de agua o aparatos de aire acondicionado.

Al enfermo le hicieron en el centro hospitalario la prueba de la legionela y dio positivo, aunque las fuentes judiciales explicaron que técnicos de las delegaciones de Justicia e Interior y de Sanidad han inspeccionado todos los aparatos de aire acondicionado y sistemas de refrigeración del edificio judicial de la avenida del Mayorazgo, ubicados en la azotea, y las pruebas son negativas, es decir, no han encontrado allí la temida bacteria que causa la grave infección pulmonar.

«No es un brote, sino un caso aislado», añadieron las fuentes consultadas, que destacaron el sigilo y la diligencia con la que se ha actuado para no levantar alarma. Por tanto, en principio, el foco no estaría en el edificio, pero se desconoce dónde pudo contraer la enfermedad, ya que la misma tiene un periodo de incubación de dos a cinco días y, por tanto, el tiempo transcurrido desde que el funcionario se infectó hasta que notó los síntomas hace difícil determinar si se contagió en el lugar de sus vacaciones o en Marbella. «Puede haberlo cogido allí o aquí, pero no parece que haya sido en el juzgado», precisaron.

Los distintos responsables judiciales, codo con codo con la Junta, pusieron en marcha los protocolos específicos de prevención a lo largo de todas las fiestas y, de momento, todo hace pensar que en el edificio judicial no hay rastro alguno de la bacteria, pues las pruebas han salido negativas. El enfermo en cuestión no ha pisado el juzgado desde el pasado 25 de diciembre.

Lo que hizo que se desatara la alarma entre los funcionarios fue que una compañera estaba constipada, pero finalmente tampoco sufría la infección bacteriana.

El sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) también alertó tanto a los responsables de la Consejería de Justicia e Interior y a la Consejería de Sanidad del suceso, que llegó a su conocimiento el pasado lunes. «Las autoridades sanitarias siguen tomando medidas oportunas de averiguación y control. Creemos que no se debe alarmar a los trabajadores ya que no se conoce dónde pudo surgir el foco infeccioso», precisó el secretario provincial, Juan Antonio Luque. No obstante, el sindicato se queja de falta de información por parte de las autoridades y dice que eso es lo que crea alarma. Asimismo, reclama saber cuándo se revisaron los sistemas de refrigeración. Además, pide que se extremen las medidas de vigilancia y control.

Ver noticia completa:

http://www.laopiniondemalaga.es/marbella/2015/01/14/alarma-juzgados-marbella-trabajador-legionela/735768.html

STAJ informa: Prensa Málaga.El STAJ pide a la Junta que construya una nueva sede judicial en Torrox

El sindicato denuncia que el edificio carece de ascensor, hay humedades en el registro civil y la rampa de acceso tiene más de 200 metros

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha remitido un escrito a la secretaria general provincial de Justicia e Interior, Gloria Carbonero, en el que enumera las deficiencias del edificio judicial de Torrox y reclama a la Junta que recupere el proyecto para construir una nueva sede en el pueblo.

«Tenemos conocimiento de que existe un anteproyecto de construcción de una nueve sede judicial de la Junta de Andalucía y que a fecha de hoy sigue siendo una quimera», precisa el sindicato en su escrito, y añade: «La construcción de una nueva sede es una previsión de la Junta desde hace más de siete años, ante esta previsión y la demora en su efectiva construcción solicitamos se nos informe de la fase en la que se encuentra el proyecto».

En el documento, que también ha sido remitido al Consejo General del Poder Judicial, el sindicato explica que es un edificio antiguo, con más de 21 años de uso, y que padece «humedades perennes» en el registro civil y otras dependencias.

Tras realizar varias inspecciones oculares y recabar informes de los propios afectados, el sindicato califica de «lamentable» el estado del edificio. Además de las humedades, habla de «mal acceso de minusválidos a la sede e imposibilidad de acceso a las oficinas judiciales con rampas de inadecuadas e inexistencia de ascensor».

«Tras años de crisis debida en parte importante al descontrol del dinero público y pérdidas de derechos laborales y económicos para los funcionarios de Justicia, los ciudadanos que acuden en Torrox a la Justicia se encuentran una sede primitiva, sin acceso a discapacitados, sin ascensor y con algunas dependencias en estado de ruina inminente. Del proyecto de nueva sede no queda rastro, el dinero de la Junta parece que cayo en manos indecentes y ahora toca exigir que se devuelva», subrayó el secretario general de STAJ en Málaga, Juan Antonio Luque.

«No hay visos de que pueda cambiar la ubicación de la sede en este estado actual de crisis, ya que este edificio propiedad del Ayuntamiento de la localidad está cedido a titulo gratuito», añadió el dirigente sindical.

Ver la noticia completa en Diario La Opinión de Málaga:

http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2014/12/15/staj-pide-junta-construya-nueva/729615.html

 

STAJ informa. Prensa: Los jueces decanos reclaman más medios y dedicación exclusiva a casos de corrupción

Los jueces decanos han reclamado este miércoles más medios humanos y materiales, la "dotación ágil de refuerzos a juzgados que lleven asuntos de especial complejidad, especialmente de corrupción", para que sus titulares se dediquen "en exclusiva a este asunto las 24 horas del día", así como la "revisión y, en su caso, supresión de aforamientos", al considerar que "entorpecen y ralentizan de forma evidente y clara la instrucción de los procedimientos".

Esas son algunas de las medidas incluidas en las conclusiones del XXIV Jornadas Nacionales de Jueces Decanos, que han congregado en Valencia a cerca de 50 profesionales, en representación de cerca de 2.000 jueces españoles, "en un momento clave para la justicia española, en el que está en juego el prestigio del sistema judicial" y en el que afirman estar "preparados" para afrontar los retos actuales, pero advierten de que "solos" no pueden por su dependencia "en lo económico y en cuanto a leyes e instrumentos procesales".

"El poder judicial será lo eficiente que quiera que sea el poder ejecutivo y legislativo", ha indicado el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en la presentación del documento, en la que su homólogo de Málaga, José María Páez, ha urgido a "sacar la justicia del debate político" y ha reclamado "un gran pacto entre partidos para definir, de una vez, el modelo de justicia que se quiere tener".

"Tardaremos, pero vamos a llegar, y la ciudadanía puede estar absolutamente tranquila porque la justicia se aplica en España y la justicia funciona, lenta pero funciona", ha recalcado Páez, quien considera "muy difícil afrontar macrocausas" con los medios actuales.

Los jueces también han pedido una "ley de segunda oportunidad" para "permitir salir del agujero" a "pequeños deudores" abocados a concursos, "olvidados" por la ley actual y que "pierden todos sus bienes y, a pesar de ello, sus deudas le van a perseguir toda su vida sumiéndolo en la muerte civil y en la economía sumergida".

Ver noticia completa en la prensa:

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-12-03/los-jueces-decanos-reclaman-mas-medios-y-dedicacion-exclusiva-a-casos-de-corrupcion_544979/

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-jueces-decanos-reclaman-mas-medios-dedicacion-exclusiva-casos-corrupcion-revisar-suprimir-aforamientos-20141203141550.html

Los jueces corroboran algunas de las peticiones que STAJ viene haciendo desde hace tiempo y en concreto nuestra solicitud de que se deben crear nuevos Juzgados especializados en la lucha contra la corrupción, ampliar las plantillas de funcionarios, entre otras cosas, como incrementar la Oferta de empleo público en Justicia.

STAJ informa. Prensa: El ministro de Justicia anuncia la aprobación antes de fin de año de las principales reformas de la legislatura

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este martes la aprobación, antes del final de este año, de las principales reformas de la legislatura que modificarán la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En cuanto a la reforma de la primera, el ministro ha señalado que los cambios introducidos permitirán agilizar los procedimientos judiciales, especialmente, los macroprocesos y regulará los medios de investigación en el proceso penal, como la intervención judicial de las comunicaciones, que el texto actual limita a las postales.

En su intervención en los Desayunos Informativos organizados por Europa Press, Catalá ha puesto de manifiesto que es necesario abordar la reforma de la ley que regula el proceso penal porque, sin ella, no tendrán sentido otras en las que también trabaja el Ministerio.

Entre ellas ha destacado la modernización tecnológica de la Justicia, la implantación de la nueva oficina judicial por toda España y permitir las comunicaciones entre los operadores jurídicos a través del teléfono móvil y la Sede Judicial Electrónica. El Ministerio tiene también intención de suprimir el catálogo de faltas y establecerá nuevos criterios de gestión de los atestados policiales sin autor conocido.

DIÁLOGO JURÍDICO

Catalá ha apostado por el diálogo con todos los operadores jurídicos y por la gestión para acabar con los problemas de la Justicia, cuya reforma contribuirá a la mejora de nuestra economía. "Una justicia dinámica y que inspire una certidumbre razonable en cuanto a sus sentencias y criterios es un elemento de competitividad estructural tan determinante a medio y largo plazo como el capital humano o financiero", ha afirmado.

En cuanto al Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene que volver en segunda vuelta al Consejo de Ministros, Catalá ha señalado que mantendrá los partidos judiciales, pero racionalizará el sistema de reparto de cargas de trabajo entre juzgados.

Desde que tomó posesión, el ministro de Justicia ha celebrado más de una veintena de reuniones con jueces, fiscales, secretarios judiciales, sindicatos, funcionarios, grupos parlamentarios y asociaciones para lograr el cauce de entendimiento que hará posible acabar con los problemas de la Justicia, ha puesto de manifiesto.

Ver la noticia en

http://www.eldiario.es/politica/ministro-Justicia-aprobacion-principales-legislatura_0_330717353.html

STAJ informa. Prensa Almería: STAJ denuncia el colapso del Registro desde que no abre por las tardes

Noticia publicada en Ideal.es

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia ha criticado duramente la situación que se está generando en los Registros Civiles de Roquetas y El Ejido, como consecuencia de la decisión adoptada hace un año por la Junta de Andalucía de no abrir estas dependencias en horario de tarde.

La problemática se centra muy especialmente en ambas localidades, y sobre todo en Roquetas, dada la gran cantidad de población extranjera que reside en el municipio y que utiliza frecuentemente sus servicios para nacionalidades o matrimonios, además del resto de la población.

Actualmente el Registro Civil abre al público de 9 a 14 horas, si bien el personal tiene el horario de 8 a 15.30, dado que tienen que dedicar tiempo a preparar informes y requerimientos durante el tiempo en el que está cerrado. El problema llega cuando dada la limitación de horarios para un Registro que puede atender más de medio centenar de personas cada día con trámites que en algunos casos pueden suponer tres cuartos de hora, la hora de cierre llega cuando todavía hay ciudadanos esperando, en algunos casos varias horas. Ello está obligando al personal a prolongar su jornada laboral y genera tensiones entre los usuarios y las personas que trabajan en el registro, que han llevado a enfrentamientos verbales como el vivido hace unos días en el que intervino la Guardia Civil y que ha acabado en juicio de faltas.

Paqui Cano, del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia critica que la «decisión política de la Junta de Andalucía de cerrar por las tardes, cuando así se agilizaban las cosas». Almería capital, Roquetas, El Ejido o Vera están saturados y desbordados y necesitan un refuerzo de las horas por las tardes.

La decisión de cerrar, denuncia el STAJ, se ha producido pese a que para este año está aprobado en los presupuestos el plus que habría que pagar a los trabajadores por tener que acudir también por las tardes a abrir el Registro Civil.

Personal de los registros más afectados ha denunciado insultos e incluso daños en sus vehículos como consecuencia de lo que está ocurriendo y recuerdan que en el caso de Roquetas hay dos personas en ventanilla para atender una población de más de 94.000 habitantes, en la que un tercio es extranjera, que es la que más demandas de servicios tiene.

Lee la noticia completa en:

http://roquetas.ideal.es/actualidad/2819-el-sindicato-de-justicia-denuncia-el-colapso-del-registro-desde-que-no-abre-por-las-tardes.html

STAJ es el único sindicato que ha recurrido ante los tribunales la decisión de la Consejería de cerrar los Registros Civiles andaluces por la tarde.

STAJ informa. Prensa: La Junta desoye la iniciativa granadina para crear una oficina de información sobre desahucios

Noticia publicada en Canal Sur

Tras nueve meses desde que le hicieran llegar al consejero de Justicia la propuesta de crear este servicio de información al desahuciado, los funcionarios granadinos responsables de la propuesta volvieron a registrar ayer su iniciativa en la delegación de la Junta.

La "pasividad" del consejero de Justicia contrasta con la voluntad de estos trabajadores públicos para sacar la oficina adelante, a la que se dedican voluntariamente.

“Como sociedad y como servicio público aún más, nos encontramos obligados a encontrar caminos que puedan aliviar la dureza de una actuación tan grave”. Quienes así se expresan son varios funcionarios granadinos de la administración de Justicia, quienes por actuación grave se refieren a los desahucios cotidianos que ejecutan en Andalucía -45 diarios-. De ellos surgió hace ahora poco más de nueve meses la idea de crear un servicio de información al ciudadano que asesore en materia de desahucios y procedimientos hipotecarios. Y aunque aseguran que fue el 19 de febrero de este año cuando le trasladaron la propuesta al consejero de Justicia, Emilio de Llera, todavía no han recibido respuesta alguna para una iniciativa que ya ha recibido el respaldo del Parlamento Andaluz y del propio Pleno del Ayuntamiento de Granada.

¿QUÉ PROPONEN?

La iniciativa, que volvieron a presentar ayer los funcionarios granadinos, defiende la necesidad de establecer un protocolo de actuación interdisciplinar en el que las personas que se encuentran inmersas en un proceso de desahucio “sean desalojadas bajo unas condiciones que garanticen y prioricen la dignidad de las mismas”, esta idea, que se encuentra en el texto remitido al consejero de Justicia, es la que explica Miguel Esteban, uno de los trabajadores públicos. Esteban, junto con sus compañeros, critica la actitud de la consejería de Justicia y la “pasividad” de Emilio de Llera, quien en sesión parlamentaria aseguró estar “esperando que llegue ese protocolo”; ante tal afirmación, los funcionarios granadinos han vuelto a registrar su propuesta, que supondría establecer un protocolo regularizado de actuación en el que la administración de Justicia serviría de enlace entre las familias envueltas en procesos de desahucio y los servicios sociales de los Ayuntamiento o Diputaciones.

Para reforzar su idea, en el texto remitido a la Junta de Andalucía se asegura que esta medida supondría un “coste ínfimo para la administración de Justicia pues sólo comparte información necesaria” con los afectados por el desahucio y los distintos servicios sociales. Esteban y sus compañeros afirman que con uno o dos funcionarios se podría sacar adelante este servicio, al que tan sólo se le tendrían que dedicar cuatro horas semanales.

Entre las bondades del sistema propuesto, los funcionarios afirman que aumentaría la coordinación entre administraciones y se haría más ágil la llegada de información al ciudadano, lo que ayudaría a descongestionar la oficina judicial.

LA EXPERIENCIA PILOTO DE GRANADA

Miguel Esteban explica que esta propuesta ya ha echado a rodar en Granada capital, en donde él y otros funcionarios de Justicia le dedican tiempo de manera voluntaria a informar tanto a las familias que pueden llegar a ser desahuciadas como a los servicios sociales del Ayuntamiento de Granada, con los que colaboran de manera estrecha. “Hay veces que nos tenemos que reunir en los pasillos o en un bar, porque no tenemos un espacio físico designado”, comenta Esteban, quien remacha: “tenemos una sensibilidad y pensamos que a las familias hay que ayudarlas”. Junto con estos funcionarios se ha posicionado también el juez decano de Granada y hasta la misma directora general de Justicia, por lo que desde este grupo de funcionarios no se entiende la posición del consejero.

Por el momento, este protocolo ya ha conseguido solucionar el problema de 30 familias granadinas “que se hubieran quedado en la calle ante la orden de desahucio judicial”. Ahora la lucha de estos funcionarios se centra en institucionalizar esta oficina de información y hacerla extensible al resto de las provincias de Andalucía, un objetivo en el que se han topado, denuncian, con la apatía del consejero.

REGULARIZAR EL SERVICIO

“No hay voluntad política por parte de la Junta de Andalucía”, así de rotundo se muestra Miguel Esteban, que junto con el resto de funcionarios responsables de la propuesta, se quejan de que en su propia consejería, en la que ellos ejercen como profesionales, no encuentran respuesta a su iniciativa, la misma que parlamentarios del Partido Popular y de Izquierda Unida apoyaron en el Parlamento Andaluz. “Desde Justicia, con solo levantar el teléfono, le podemos conseguir a esa misma persona, que acude desesperada, día y hora en todas esas administraciones ante un responsable concreto”.

Así, la experiencia piloto seguirá funcionando en Granada aunque sus responsables conminan al consejero de Justicia y a la propia presidenta de la Junta de Andalucía a dejarse de palabras y pasar a los hechos con acciones “tan sencillas” como la que estos funcionarios de la capital proponen.

STAJ vuelve a solicitar la supresión de subvenciones a las organizaciones sindicales y para formación

STAJ ha vuelto a interesar solicita la eliminación de las subvenciones públicas que se conceden a las organizaciones sindicales, especialmente las destinadas a la formación en el ámbito de la Administración pública. Desde STAJ consideramos que los sindicatos deben subsistir sin necesidad de subvenciones, puesto que ya existen otras garantías legales (liberados, locales, medios), además de las cuotas de los afiliados, para el ejercicio de la acción sindical con garantías suficientes, aunque para ello es preciso dedicarse hacer sólo acción sindical y no convertirse en academia, ni formar parte de Consejos de Administración ni de ninguna institución que no esté estrictamente relacionada con la acción sindical

El sistema de subvenciones propicia corruptelas, cuando no directamente corrupción, baste recordar que algunas centrales sindicales están implicadas presuntamente en casos de fraude en este tipo de ayudas por lo que es preciso acabar con el problema de raíz.

STAJ es el único sindicato con representación en la Administración de Justicia que nunca ha recibido subvenciones para formación, y que desde 2010 ha renunciado a la percepción de cualquier otro tipo de subvención pública.

Ver la noticia en prensa:

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia ha instado al Gobierno a eliminar las subvenciones que concede a las organizaciones sindicales, especialmente las destinadas a la formación, en el ámbito de la Administración pública porque generan "corruptelas" y "a veces también corrupción".

STAJ considera que los sindicatos deben subsistir sin necesidad de subvenciones, puesto que ya existen otras garantías legales para el ejercicio de la acción sindical con medios suficientes. Recuerda que otras centrales están implicadas en casos de fraude en sete tipo de ayudas y es necesario acabar con "el problema de raíz".

El sindicato añade que renunció a la percepción de todo tipo de subvenciones en 2010 y nunca las ha recibido para formación, por lo que es el único sindicato de Justicia que no recibe subvenciones de ningún tipo.

"Esta organización ha demostrado que, sin subvenciones es posible hacer sindicalismo de calidad. Pero naturalmente, STAJ sólo hace sindicalismo; no es una academia; no está presente en Consejos de Administración y no participa en institución alguna que no esté estrictamente relacionada con la acción sindical", ha destacado.

Además, ha solicitado el incremento y la adecuación de las plantillas de funcionarios de juzgados y tribunales, la convocatoria de oferta de empleo público y la creación de nuevos órganos, especializados en la lucha contra la corrupción, así como potenciar la Fiscalía Anticorrupción.

Otros medios:

http://www.telecinco.es/informativos/nacional/sindicato-Justicia-subvenciones-sindicatos-corruptelas_0_1894200590.html

Prensa Cádiz: El traslado no disminuye "la situación calamitosa y crítica" del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz

Noticia publicada en Diario de Cádiz

Así lo denuncia el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, que pide en un escrito al secretario provincial de Justicia "refuerzos para la plantilla" porque la situación "sigue siendo de colapso"

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) en Cádiz ha presentado un escrito al secretario general provincial de Justicia en el que expone la "situación calamitosa y crítica" que se vive en el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, que "no disminuye" con su cambio de sede. "La solución sería nombrar más funcionarios y crear un nuevo Juzgado de lo Mercantil", apostilla.

En una nota de prensa, el STAJ indica que en el escrito pide "refuerzos de plantilla" porque "a pesar de la respuesta positiva, con el nombramiento de algún que otro funcionario, la situación sigue siendo de colapso".

"El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en sus memorias de los años 2011, 2012 y 2013 denuncia la saturación de dichos juzgados por su volumen de carga de trabajo", expone.

El año 2013 "ha dado lugar el incremento desbordado de ingresos en materia no concursal, en concreto un 113 por ciento respecto al año anterior, siendo significativo el aumento de temas relacionados con las condiciones generales de la contratación y la anulación de cláusulas suelo", materia que "puede desbordar la jurisdicción mercantil si continúa este ritmo de ingreso", según advierte el sindicato.

STAJ detalla que "a mitad de 2014" se habían registrado "más de 29.500 escritos con peticiones", una circunstancia "imposible de atender, lógicamente". Estos datos revelan "una situación dramática" del Juzgado de lo Mercantil y "denotan la imperiosa necesidad de arbitrar medidas que permitan invertir la tendencia de aumento de los asuntos pendientes cada año".

Al hilo, reseña que el Juzgado de lo Mercantil "tuvo en 2014 una inspección por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, en sus conclusiones, establecía que la carga de trabajo que soporta es muy superior al indicador de entrada de asuntos fijada por el CGPJ".

"Y entre las propuestas, establecía la necesidad de incrementar la planta de los Juzgados de lo Mercantil de Cádiz en al menos un juzgado más", explica STAJ, que manifiesta que actualmente en el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz "existen dos jueces y dos secretarios y una plantilla de 14 funcionarios, y aunque por parte de la Junta se ha puesto voluntad en los refuerzos y servicios de apoyo, siguen siendo insuficientes para el volumen de trabajo que entra".

QUE LAS BAJAS SEAN "CUBIERTAS CON LA MÁXIMA URGENCIA"

STAJ ha instado a la Consejería de Justicia e Interior a que "las bajas o vacantes que se produzcan" en el juzgado "sean cubiertas con la máxima urgencia", y que "se cubran de forma inmediata y no esperar a los tres meses como está ocurriendo en la actualidad desde enero hasta la fecha".

A juicio del sindicato, la Consejería "no debe establecer el cambio de ubicación de sedes judiciales como método de reducción de las cargas de trabajo", incidiendo en que "no basta con la nueva ubicación del Juzgado de lo Mercantil".

"Esto es sólo mejorar en espacio de almacenamiento de expedientes pendientes; se deben ubicar los juzgados en un lugar adecuado para su uso, e incluso pensar en un posible desplazamiento de sedes una en Jerez y otra en Algeciras, como sucede en el supuesto del Juzgado de Menores", señala.

En esta misma línea, recalca que "cambiar sólo de sede no implica que la situación de colapso en el Juzgado de lo Mercantil desaparezca", y estima que pretender eso "sería sencillamente querer tapar el sol con un dedo".

Más fraudes en cursos de formación: El sindicato USO implicado en la “Operación Zeta”

STAJ volverá a solicitar la eliminación de las subvenciones para formación y denuncia los presuntos fraudes.

La Justicia carga contra USO, implicado en el caso de fraudes de cursos de formación en Galicia.

Inesperada noticia la de la implicación de USO en estos fraudes, ya que constantemente dicen que piden la supresión de las subvenciones. Parece que aunque piden que se supriman, las siguen percibiendo. Y presuntamente se gastaban en lo que no se deben gastar:

El Juzgado de Instrucción número 6 de La Coruña y la Policía, investigan, en la denominada “operación zeta”, si es cierto o no que Gerardo Crespo, empresario del sector de la formación y de las entidades de ayuda al discapacitado, se juntó con el presidente de los autónomos, Eliseo Calviño; con el de los hosteleros; Héctor Cañete; con el responsable de formación del sindicato USO, Alfonso Ares; con el líder vecinal y funcionario de la Diputación Juan Chas; o con el ex alto cargo de Benestar Luis Álvarez Freijido, para repartirse a su antojo las ayudas o subvenciones que les daban las diferentes administraciones para la realización de cursos de formación que a veces no se hacían o se hacían mal. El grupo de delincuencia económica de la Policía dice tener pruebas más que suficientes para llevarlos al banquillo.

La documentación de la caja B de las empresas de Crespo de la que se incautó la policía refleja abonos por importe de 13.000 euros al sindicato USO Galicia. Para los instructores, los pagos responden a las devoluciones que el empresario hacía a las entidades que lo subcontrataban para realizar los cursos. El sumario también recoge pruebas de que una empresa de Crespo pagaba el coche de alquiler que utilizaban los sindicalistas para, supuestamente, llevar a cabo gestiones de USO. Tres miembros del colectivo prestaron declaración ante la Policía Judicial en Lonzas en calidad de imputados, pero no detenidos. La jueza que instruye los hechos, por el momento, no decretó su imputación en el caso.

Más información:

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2014/10/26/cara-corunesa-operacion-zeta/0003_201410H26C5993.htm

http://www.eldiario.es/galicia/funcionaba-publico-Zeta-falsos-formacion_0_319168926.html

Dimiten el Director y el Subdirector General de los Registros y el Notariado, máximos impulsores de la privatización del Registro Civil.

Ha presentado su dimisión al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, el director general de los Registros y del Notariado (DGRN), Joaquín Rodríguez.

Catalá ha aceptado el cese, que es extensivo al subdirector, Javier Vallejo, y a los registradores que estaban en comisión de servicios como letrados de la DGRN.

La dimisión de Rodríguez es consecuencia de los cambios introducidos por el ministro Catalá en el anteproyecto de Ley de Registro Civil, que han supuesto el inicio de negociaciones con el Colegio de Registradores para elaborar una nueva plataforma informática, la eliminación de la Corporación Pública y del anteproyecto de Demarcación. Rodríguez no asistió ya a la primera reunión de la Comisión mixta.

VOZPOPULI.COM

 www.eleconomista.es

Por lo que respecta a la desjudicialización del Registro Civil, el Ministerio no va a modificar la ley ya aprobada, por lo que sigue su curso la entrega a los Registradores mercantiles, si bien buscando nuevas fórmulas para la mejor prestación del servicio por parte de estos, garantizando en todo caso la gratuidad. Desde STAJ seguimos insistiendo en que el Registro Civil debería seguir siendo un servicio dentro de la Administración de Justicia y que, en todo caso, deben garantizarse todos los puestos de trabajo en todos los territorios, habiéndonos manifestado el Ministro que se está trabajando en esa línea y que la intención es que todos los funcionarios afectados, titulares e interinos, permanezcan prestado servicios en las mismas localidades actuales.

En cuanto a la situación en que quedarán los Juzgados de Paz tras la desjudicialización, por perder buena parte de sus funciones actuales, el Ministro confirma lo recogido en el preacuerdo en cuanto a la asunción de nuevas funciones por parte de esos juzgados en materia de mediación y colaboración general con la Administración de Justicia, así como algunas competencias en materia de Registro Civil.

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración seguiremos insistiendo al Ministerio que en cualquier caso se garantice la no amortización de ningún puesto de trabajo de los que ahora forman parte de la plantilla orgánica de los órganos judiciales y que sean consecuencia de las competencias en materia de Registro Civil que dichos órganos pudieran tener en la actualidad.

Esa garantía debe ser plasmada en los textos legales que procedan, para ser aplicables a todo el territorio nacional, obligando así no sólo en el ámbito gestionado directamente por ese Ministerio, sino también en aquellos ámbitos gestionados por las CCAA que han asumido competencias en materia de Justicia. Para ello, exigimos la reapertura urgente de la negociación, donde se busque una solución satisfactoria a todo este personal, y que no le cause ningún perjuicio ni pérdida de retribuciones ni, por supuesto, cambio de localidad de destino.

Prensa Málaga: Los empleados del archivo judicial llevan dos meses sin cobrar sus salarios

Los cinco trabajadores de la adjudicataria amenazan con paros si no les paga lo atrasado

Noticia publicada en La Opinión de Málaga

El servicio de archivo judicial de la Ciudad de la Justicia, que actualmente desarrolla la empresa Innova Data Center, arrastra problemas de nuevo. Algunos funcionarios han criticado que los expedientes que piden les llegan tarde y que algunos no se encuentran, lo que achacan a que hay menos trabajadores de la cuenta y a que éstos llevan dos meses sin cobrar, lo que ayer corroboró el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) a este periódico.

Cuando Novasoft era la empresa adjudicataria del servicio había 14 personas trabajando, y actualmente son ocho, aunque cinco de ellos llevan dos meses sin cobrar, según STAJ.

Ante esta situación, han amenazado con paros si no les ingresan de inmediato sus salarios atrasados, cada uno de ellos de 714 euros. «Llegaron a un acuerdo de que les iban a pagar agosto y septiembre este mes, pero eso no ha sucedido», explica el secretario provincial del STAJ, Juan Antonio Luque.

A algunos de ellos les debían cinco y a otros cuatro meses en agosto, de tal forma que a unos les pagaron tres y a otros dos para igualarlos y se llegó al pacto de que iban a percibir lo adeudado ahora. Por ello, estos trabajadores están acudiendo a sus puestos de trabajo pero realizan tareas administrativas pero sólo las imprescindibles, fundamentalmente dirigidas a la reestructuración del servicio aunque han ralentizado la producción. La situación podría ir a más si la empresa no hace frente a lo que les adeuda.

Ya protestaron los días 29 y 30 de septiembre, y están preparando un calendario para poner en evidencia la situación que están atravesando. Es más, el sindicato STAJ recuerda que esta empresa recibe ayudas y bonificaciones fiscales por emplear a personas de funcionalidad diversa, es decir, con problemas de discapacidad.

El sindicato recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que el archivo debe estar servido por personal de Justicia, por funcionarios. «Queremos que se les pague, pero el servicio debe ser público», en relación a la concesión que saca cuando toca por normativa la Junta de Andalucía.

Es más, antes había tres miembros de la plantilla de Justicia, personal laboral en concreto, que apoyaba las tareas de archivo, vital para que la Ciudad de la Justicia ande con eficacia, pero lo cierto es que ahora han de hacer frente a un inmenso volumen de papel, dice la central, con la mitad del personal que tenían hace unos años. Y los problemas podrían aumentar.

Ver noticia en La Opinión de Málaga

Prensa Málaga: El caso Nilo desata el miedo al ébola en la Ciudad de la Justicia

STAJ pidió suspender una comparecencia con nigerianos días después de que se declarase la alerta en el país, pero el acto se celebró – Piden un protocolo de seguridad

Noticia publicada en La Opinión de Málaga.

El caso Nilo, contra la proliferación de las conocidas cartas-estafa de lotería nigeriana, ha desatado el miedo al contagio del ébola en la Ciudad de la Justicia. Según pudo saber La Opinión de Málaga de fuentes judiciales, los funcionarios de la Sección Novena de la Audiencia Provincial solicitaron, a través del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), la suspensión de una serie de comparecencias con ciudadanos nigerianos previstas para el 16 y 17 de octubre en la sala, dado que días antes la Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado la alerta sanitaria en el país africano. Sin embargo, las diligencias se celebraron y no recibieron indicación alguna de la Junta de Andalucía en materia de seguridad, denuncia la central.

Fuentes judiciales alertaron de que a la Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía llegó una carta del sindicato en la que se hacía alusión a la «indignación» de los funcionarios de la Sección Novena, ya que la pasada semana fueron citados varios ciudadanos imputados en el caso, la mayor parte de ellos nigerianos, para llevar a cabo diversas actuaciones judiciales. Esto lo confirmó ayer el propio colectivo sindical.

Sin embargo, según explicó el responsable del sindicato en Málaga, Juan Antonio Luque, «los compañeros empezaron a preocuparse cuando supieron que varios de estos ciudadanos venían directamente de su país de origen». Asegura el secretario provincial del STAJ que los empleados se pusieron en contacto con la Junta en dos ocasiones para pedir información sobre los posibles riesgos a los que se enfrentaban, «pero nadie les contestó».

Finalmente, el 16 de octubre pasado se celebraron las comparecencias con varios ciudadanos procedentes de su país ya que viven allí, indica el sindicato, de tal forma que las mismas se efectuaron en el despacho de la secretaria con la correspondiente intérprete y un funcionario. STAJ recuerda que la OMS ha declarado la alerta en relación con el virus ébola en Nigeria, la cual acaba el 20 de octubre.

Los funcionarios sienten el «lógico temor», dice Luque, y reclama a la administración que tome las medidas necesarias para garantizar su salud, ya que las comparecencias volverán a celebrarse de nuevo en próximas semanas.

En el correo de queja que remitió el STAJ a la Junta, el sindicato aseguraba: «Ante la citada alerta y la lógica preocupación de los trabajadores resulta responsable para la prevención de la salud que las citadas diligencias puedan trasladarse a días posteriores al 20 de octubre en que finaliza la alerta sanitaria en Nigeria».

Por ello, la central sindical exigía al jefe de personal de la delegación autonómica que interviniera para retrasar las diligencias, «dado que desde 2005 el procedimiento está vivo y no supondrá ningún perjuicio».

Aseguraba en esa misiva el sindicato que las comparecencias debían hacerse, como finalmente ocurrió, en presencia de la secretaria judicial, por lo que, de no ocurrir así, podría incurrirse en nulidad de la actuación. «Naturalmente los funcionarios deberán negarse a infringir la ley y pedir que la actuación se haga conforme a ella», insistió el sindicato.

En opinión de Luque, «lo importante es la creación o envío de un protocolo específico para el personal de Justicia», y por ello se pidió el retraso de las declaraciones previstas para esos días de las personas procedentes de países de riesgo hasta que terminase la cuarentena, es decir, hasta el 20 de octubre.

«STAJ ha pedido formación e información tanto al Ministerio de Justicia como a la Junta, porque actualmente lo que se nos ha mandado por parte de las autoridades es un protocolo muy genérico que parece hecho para sanitarios y otro para forenses y personal auxiliar del Instituto de Medicina Legal (IML)», dice.

Lo cierto es que lo que exigen es un protocolo con pasos básicos de seguridad para todos los profesionales que tratan con ciudadanos que en muchos casos vienen de esos países, recalca, por ejemplo los funcionarios del registro civil, los de los juzgados de instrucción o de primera instancia «y más aún en zonas como Málaga, a las que llegan tantos inmigrantes».

En comunicaciones anteriores se les contestó por parte de la Junta que «los funcionarios no tienen un riesgo específico». «Para este caso, pedíamos que algún experto nos dijera si debíamos aplazar la comparecencia o no y si había alguna medida de prevención que pudiera adoptarse al respecto, pero no se contestó a los empleados», agregó Luque.

Fuentes judiciales indicaron que la comparecencia se celebró con normalidad «como ocurre con todas las diligencias».

Ver noticia competa en La Opinión de Málaga

ULTIMA HORA:

La OMS levantó ayer día 20 la alerta en Nigeria, como anunciábamos a la Junta de Andalucía y por cuyo motivo solicitábamos que se retrasase la comparecencia, simplemente, hasta ese día.

Tras el levantamiento de la alerta, no existe riesgo en la actualidad por este caso.

Prensa: Un total de 2,2 millones de asuntos ingresan en los juzgados en el segundo trimestre.

El número de asuntos ingresados en los juzgados y tribunales durante el segundo trimestre del año fue de 2.201.543, lo que supone una caída de un 2,7% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. La bajada se acentúa en los órdenes de lo Penal y lo Social, mientras que aumenta el número de casos que ingresan en las jurisdicciones de lo Civil y lo Contencioso.

Por jurisdicciones, el número de asuntos ingresados en la Civil alcanzó los 481.432, un 7,2 % más que en el segundo trimestre de 2013. Los asuntos resueltos fueron 500.190 y quedaron en trámite 998.283 causas.

En la vía Penal entraron 1.557.121 asuntos, lo que significa una disminución del 4,7 % respecto al mismo periodo de 2013. En los tres meses analizados se resolvieron 1.597.252 asuntos y quedaban en trámite otros 959.598.

Mientras tanto, en la jurisdicción Contencioso-Administrativa se registraron 54.785 asuntos, un 6,8 % más, y al término del periodo analizado se habían resuelto 62.692 asuntos y quedaron pendientes 235.767.

Por último, en el orden Social, con 108.124 asuntos, bajaron los asuntos un 15,7 % respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra de asuntos resueltos fue de 110.889 y la de los que quedaban en trámite al final del segundo trimestre del año de 346.001.

Durante el segundo trimestre de 2014, la tasa de litigiosidad en el conjunto de España -número de asuntos por cada mil habitantes- fue de 47,1. Andalucía se encuentra a cabeza (55,9), seguida por Madrid (52,2) y Cantabria (50,4), aunque otras cuatro comunidades superaron la media nacional: Murcia (49,5), la Comunidad Valenciana (49,3), Islas Baleares (49) y Canarias (48,1).

En el extremo contrario, La Rioja (28,1), el País Vasco (32,1) y Extremadura (36,1) fueron las Comunidades Autónomas con menor tasa de litigiosidad, según revela el informe estadístico del Consejo del Poder Judicial.-

http://diariodenoticias.laley.es/documento.asp?id=./NE0000521240_20141015.HTML

ANDALUCÍA: A LA CABEZA EN LA TASA DE LITIGIOSIDAD Y EN RECORTES A SUS FUNCIONARIOS.

Prensa Córdoba: La adjudicataria de la Ciudad de la Justicia inicia los trabajos previos a las obras de construcción

Noticia publicada en Europa Press

   La adjudicataria del proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Isolux Corsán y Copcisa Industrial, "ha comenzado a realizar las actuaciones preparatorias y trabajos previos al inicio de las obras de construcción".

   Tales trabajos previos, según han precisado a Europa Press fuentes de la Junta de Andalucía, se están llevando a cabo mientras la adjudicataria "ultima todavía los trámites bancarios y administrativos necesarios, que se encuentran en su fase final".

   La adjudicataria de la Ciudad de la Justicia, que acreditó en junio pasado a la Junta de Andalucía que contaba con la financiación necesaria para el inicio de las obras, disponía desde entonces, según ha publicado este jueves 'Diario Córdoba', de un plazo de dos meses para cumplimentar la documentación precisa para afrontar el proyecto.

   Sin embargo, a finales del pasado agosto, fecha en la que se había previsto el inicio de las obras, los responsables de la construcción del edificio volvieron a solicitar un mes más de prórroga, argumentando que el periodo prácticamente inhábil de las vacaciones de verano les había impedido cerrar todos los flecos.

   Aun así, alcanzado el nuevo horizonte de finales de septiembre, la adjudicataria volvió a agotar un nuevo plazo sin novedad alguna, pese a lo cual la Consejería de Justicia se mostró confiada en que los trámites administrativos y bancarios se culminarán en breve.

   Esta condición para el inicio de obra es la que aún no se ha cumplido, pero sí que está "en su fase final", tanto que por eso habrían comenzado ya los trabajos preliminares en el solar de Arroyo del Moro donde se levantará la Ciudad de la Justicia.

   El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 36 meses, que empezaba a contar desde finales de agosto, de forma que la previsión es que las obras terminen en agosto de 2017 y deben llevarse a cabo tal y como se ha proyectado, es decir, teniendo en cuenta el nuevo modelo de Oficina Judicial y Fiscal.

   El contrato de adjudicación se establece la concesión de la explotación del inmueble a la empresa constructora por un máximo de 25 años, tras los cuales la titularidad del edificio revertirá a la Junta de Andalucía.

   Está previsto que la construcción de la Ciudad de la Justicia de Córdoba se ejecute en una parcela de 12.112 metros cuadrados situada en la mencionada zona de Arroyo del Moro y el nuevo edificio albergará la totalidad de los órganos judiciales unipersonales de la capital, así como la Audiencia Provincial, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de tener previsto espacio para crecimientos futuros.

La noticia en:

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-adjudicataria-ciudad-justicia-inicia-trabajos-previos-obras-construccion-20141009144417.html#.VDrh_l2CLYY.twitter